Contra el pluralismo

Es más que razonable que el Gobierno recurra ante el Constitucional la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña

El Consejo de Estado resolvió ayer dictaminar a favor de que el Consejo de Ministros pueda impugnar ante el Tribunal Constitucional la reforma del artículo 135 del reglamento del Parlamento de Cataluña, aprobada con los votos de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germá Gordó, que permitiría pedir la tramitación en lectura única -sin enmiendas- y en una sola votación. Es indudable que la modificación del apartado 2 del mencionado artículo pretende acelerar la convocatoria parlamentaria del referéndum unilateral para el próximo 1 de octubre y aprobar la llamada 'ley de transición' en el momento que lo determine la mayoría que gobierna la Generalitat, sin atender al resto de las fuerzas parlamentarias. La tramitación de normas legislativas por la vía de lectura única y mediante una sola votación es constitucional, pero compromete siempre el principio democrático básico del pluralismo político, en tanto que constriñe el debate abocándolo a un único pleno y, por lo general, niega la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos. Así lo ha advertido con anterioridad el TC, y también lo han hecho el Consejo de Garantías Estatutarias catalán y los propios letrados del Parlamento autonómico. Ello se vuelve especialmente crítico cuando tanto la Constitución como esta última reforma exigen para el trámite de lectura y votación únicas que «la naturaleza del proyecto lo aconseje o la simplicidad de su formulación lo permita». Es en este punto donde puede producirse el abuso de lo previsto constitucionalmente si se utiliza la tramitación de urgencia -en este caso acelerada- para sacar adelante una iniciativa tan trascendente como la convocatoria de un referéndum declarado ilegal por el TC, o para dar carta de naturaleza a la ingeniería jurídica urdida con el propósito de transitar, simuladamente, «de la ley a la ley»; en realidad del Estado constitucional a la república catalana. De modo que una mayoría parlamentaria ajustada se erija en la representación totalizadora de una sociedad plural que respira mucho menos independentismo que los promotores de una vía secesionista sin vuelta atrás ni enmienda alguna. Parece más que razonable que el Gobierno recabe la posición del Constitucional al respecto.

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