Peligrosa escalada

Es imprescindible rebajar la tensión en Cataluña y no alentar una escalada de desencuentros también en el ámbito policial

La decisión de la Fiscalía de dejar en manos del Ministerio del Interior la coordinación del dispositivo policial preciso para afrontar la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña puede ser lógica desde el punto de vista de la insistencia con que el propio Gobierno de la Generalitat trata de mantener viva la llama del 1-O; pero se sostiene también jurídicamente en tanto que el Estatut no concede ni la exclusividad ni la dirección de las actuaciones públicas en materia de seguridad ciudadana, y mucho menos de aquellas que correspondan a la policía judicial. La designación del coronel Diego Pérez de los Cobos para coordinar el operativo general en Cataluña no podría, en cualquier caso, interferir en la escala de mando de los Mossos d'Esquadra o de otros cuerpos cuyos responsables serían los encargados de transmitir las directrices emanadas de la comisión de coordinación. El hecho de que la policía autonómica catalana enviara al número tres de su jerarquía a la reunión celebrada ayer fue un reflejo más, no ya de las desavenencias, sino de la tensión que mantienen el Gobierno central y la Generalitat. Tensión que, más allá de las discrepancias de interpretación en cuanto a las competencias respectivas, podría trasladarse en los próximos días al ámbito de la actuación policial propiamente dicha. Es esto último lo que ambas instituciones y los cuerpos concernidos deben evitar a toda costa, poniendo el máximo celo en preservar la seguridad de los ciudadanos y una convivencia en paz, cumpliendo estrictamente con la legalidad vigente y con las órdenes que emanen de jueces y fiscales, anteponiendo éstas a las indicaciones dadas por los respectivos órganos de gobierno políticos. Es imprescindible rebajar la tensión en Cataluña, impidiendo que se salgan con la suya los extremistas que desean alentar una escalada de desencuentros también en el ámbito policial. Los responsables de la Generalitat y los partidos que apoyan el gobierno autonómico incurren en grave responsabilidad al hacer declaraciones rayanas con el fomento de la desobediencia. También el Ministerio Público debería evitar menciones o sugerencias sobre hipotéticas actuaciones de la fiscalía o de los jueces; especialmente cuanto éstas apuntan a la eventual detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La vulneración de la legalidad, el incumplimiento de las sentencias y la posible comisión de delitos exigen actuaciones rigurosas e inmediatas que han de explicarse en los autos sin anuncios previos.

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