Otro paso en la privatización de la sanidad

«La mal llamada 'Farmacia Comunitaria' es una de las peores amenazas actuales cara a una nueva privatización del sistema público de Salud; confiamos en que la consejera de Salud de La Rioja no entre en este juego»

La mal llamada «Farmacia Comunitaria» (FC), además de un «run-run» recurrente de la profesión farmacéutica, es una de las peores amenazas actuales cara a una nueva privatización del sistema público de Salud. Y es la Administración regional la que debe poner freno a esta autodenominada FC, un movimiento que, a pesar de no tener respaldo legal alguno, pretende hacer actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos, tanto en botica como a domicilio. Su objetivo último es el de facturar por todos los servicios que le permitan realizar, bien a las arcas públicas, bien a las mutualidades o, lo que todavía sería peor, al propio paciente, tal y como ellos mismos han reconocido públicamente. Estamos pues ante actuaciones con pacientes vulnerables que requieren de las garantías de independencia clínica que solamente se las pueden asegurar las profesiones médica y enfermera.

Y lo que debemos denunciar es que este movimiento farmacéutico parece que está encontrando su acomodo en diferentes Comunidades Autónomas que, extrañamente, están empezando a legislar para darle cuerpo, con la vana disculpa de un supuesto ahorro o mejoras que se basan en estudios, sin un mínimo rigor científico, realizados por los propios farmacéuticos que no cuentan con la deseable credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud. Los Colegios de Enfermería estamos oponiéndonos a esta fácil condescendencia de algunas administraciones afirmando que: mientras que un farmacéutico se permite definirse como «comunitario» sin control estatal ninguno dado que la autodenominada especialidad de «Farmacia Comunitaria» no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la legislación española, los especialistas en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residentes en el Sistema Nacional de Salud.

Confiamos en que la consejera de Sanidad de La Rioja no entre en este juego cuya trascendencia puede ser irreparable. Hará peligrar el sistema sanitario riojano al dejar en manos de unos establecimientos «privados y comerciales» la atención que vienen prestando médicos y enfermeras en el marco del sistema público, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria. Además los modelos de la llamada FC suponen una clara invasión de las competencias profesionales. En todos ellos se intenta sacar del sistema público y de los Centros de Salud, el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados, solicitando el acceso a sus historias clínicas y medidas como la revisión de los botiquines domésticos que se podrían realizar por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos. La complejidad de muchos pacientes exige que sean otros profesionales sanitarios -enfermeros y médicos- quienes puedan garantizar su seguridad y salud sin más interés que la propia deontología profesional.

Nuestra profesión entiende el importante rol que cumplen los farmacéuticos y que busquen negocio para sus establecimientos, pero al mismo tiempo nos oponemos a que argumenten ahorros al sistema sanitario, cuando la realidad es que terminarán haciendo negocio a costa del sistema, o que en un futuro podamos encontrarnos con enfermos crónicos con una adherencia total a la farmacia que les pueden vender lo que necesitan, pero también lo que no necesitan, siendo conscientes que este movimiento cuenta con la financiación y el apoyo de la industria farmacéutica.

Como corresponde a la Administración pública no arriesgar la salud de las personas, ni frivolizar acerca de unas funciones que son competencias exclusivas y excluyentes de las enfermeras y los médicos, seguiremos trabajando para que el seguimiento de pacientes crónicos y mayores, como servicio esencial de la Sanidad pública, siga siendo una competencia de la Enfermería Familiar y Comunitaria que es una especialidad enfermera que tiene su respaldo legal y está actualmente en pleno funcionamiento en el sistema.

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