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Una oportunidad estratégica para La Rioja

La aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público puede suponer además un acicate para el crecimiento económico y para la creación de empleo de calidad en La Rioja

JUAN RAMÓN LIÉBANA ORTIZ SECRETARIO GENERAL CPAR

Jueves, 15 de marzo 2018, 23:48

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Hoy entra en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas de contratación pública (LCSP). Se trata de una norma muy importante, porque la contratación del sector público es una actividad que representa alrededor de un 13% del PIB de España. Todas las obras públicas y los contratos de concesiones, servicios y suministros que licite en La Rioja cualquier Administración pública se rigen a partir de hoy por esta ley que viene a cambiar el paradigma de la contratación pública en España.

En efecto, a partir de hoy las administraciones riojanas deben superar la tradicional aplicación burocrática y economicista de los procedimientos de licitación pública y comenzar a considerar los contratos públicos de obras, servicios y suministros como una inversión estratégica regional, no como gasto más. Ello resulta fundamental para impulsar en La Rioja políticas de desarrollo sostenible, impulso a la innovación, a las políticas sociales, al medio ambiente, y la mayor presencia de las pymes riojanas en la contratación pública.

La LCSP va a cambiar muchos usos y costumbres de la Administración riojana. Me centraré en los más importantes. Se tienen que dividir los contratos de obras, servicios y suministros en lotes, al objeto de impedir los macrocontratos y que las pymes tengan la oportunidad real de adjudicarse y ejecutar contratos públicos. No se podrán licitar ya contratos complejos que integren obra, jardinería y seguridad, por ejemplo, porque a esos contratos sólo pueden acceder las grandes multinacionales multiservicios.

La LCSP destierra por fin la adjudicación de obras, servicios y suministros públicos a la 'oferta económicamente más ventajosa', a lo más barato. Y se sustituye por unos criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, que se debe evaluar con arreglo a unos criterios sociales y medioambientales que deben estar directamente vinculados al objeto del contrato. La LCSP proscribe así el uso de estos criterios sociales y medioambientales con fines meramente populistas, una mala praxis que la propia ley permite controlar a través del recurso especial en materia de contratación administrativa.

Ahora la contratación pública debe ser socialmente responsable. Por ello, la LCSP limita mucho el uso de las mejoras, por lo que ya no podrá ocurrir, salvo que se incumpla la ley, que se adjudique una obra por 5 y acabe costando 10. También se prevé una nueva forma de controlar las ofertas temerarias o anormalmente bajas que permite poner en valor la calidad de ejecución de la prestación, así como evitar la precarización de las condiciones laborales.

En efecto, la LCSP refuerza la importancia de la negociación colectiva y otorga una mayor protección a los trabajadores de las empresas adjudicatarias, debiendo las administraciones incluir en los contratos públicos la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación y pudiendo rescindir el contrato público por impago de salarios a los trabajadores, además de tener la obligación de garantizar que los contratistas cumplan con las normas convencionales aplicables en materia social o laboral.

Así, la LCSP que hoy entra en vigor pretende mejorar la protección laboral de los trabajadores, evitando a la vez ofertas temerarias que en la práctica resultan irrealizables y que suponen un indeseable encarecimiento encubierto del precio final de la obra, el servicio o el suministro público que al final se ofrece a los ciudadanos y un atentando contra la competencia leal y veraz de las empresas.

La LCSP supone también una oportunidad para las empresas riojanas puesto que prevé la exigencia de software tipo BIM para el modelado digital de la información de la construcción con el objetivo de disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y construcción de obras públicas. Las empresas riojanas tienen ante sí el reto estratégico de incorporar estos procesos BIM de generación y gestión de los datos de sus proyectos de obras que, sin duda, son el futuro del sector. En la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja todas las empresas de la industria de la construcción y los profesionales a ella vinculados disponen ya de una amplia oferta formativa de BIM.

En fin, la correcta aplicación de la LCSP por las administraciones riojanas puede suponer además un acicate para el crecimiento económico y para la creación de empleo de calidad en La Rioja, y ello gracias a la apuesta estratégica por la pyme que es el tejido empresarial fundamental de la región. Es una oportunidad que entre todos no debemos dejar escapar.

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