MITOS Y PREBENDAS

A pesar de la generosa acogida, para algunos lingüistas excesiva, que la Real Academia Española dispensa a expresiones con escaso arraigo entre los hispanohablantes, el diccionario sigue sin incorporar el término «agostidad». El neologismo fue sugerido años atrás para referirse, como circunstancia agravante, a determinadas decisiones administrativas que se adoptan cuando la canícula agosteña invita a la desconexión vacacional.

Agostidad surgió así como aportación léxica asimilable a nocturnidad, palabra que, dicho sea de paso, no figura expresamente mencionada en el artículo 22 del Código Penal, a pesar de que es común apelar a ella en la compañía inseparable de la alevosía como causa para incrementar la responsabilidad penal de un reo. Sea como sea, si la nocturnidad puede ser entendida como la ventaja que la falta de luz ofrece para enmascarar la comisión de determinados delitos, la agostidad vendría a definir la malicia con que se adoptan decisiones controvertidas cuando los paganos de sus efectos se encuentran mayoritariamente distraídos, desconectados o desactivados por vacaciones.

La penúltima picardía endilgada con indisimulable ánimo agosteño, en este caso a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, permitirá consolidar sobresueldos hasta el día de su jubilación a miembros del Gobierno regional procedentes del sector público, que afianzarán niveles más elevados en la escala funcionarial -con los consiguientes complementos retributivos- cuando regresen a sus anteriores trabajos en la Administración tras cesar en los cargos desde los que accedieron al chollo.

Acuerdos similares al aprobado por PSOE y Podemos tras la entrada de dos consejeros de la formación morada en el Ejecutivo de Emiliano García-Page están o han estado vigentes en otras comunidades autónomas. También en La Rioja, donde no pocos altos cargos de la Administración autonómica que antes de ser nombrados ya eran funcionarios han consolidado el derecho a cobrar, mientras permanezcan en activo, un complemento de destino idéntico al asignado a los directores generales de la Administración del Estado. Y ello al margen de cuál sea el grupo o subgrupo al que pertenezcan, la categoría, nivel o escalón en que se hallen encuadrados, su acreditación académica o los años que lleven al servicio de la Administración.

La prebenda, que fue establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1991 (aprobada en diciembre de 1990) para compensar a los posibles afectados por el régimen de incompatibilidades de los altos cargos, ha tenido desde entonces un efecto expansivo que el Estatuto Básico del Empleado Público ha extendido a los funcionarios que ejerzan, de forma retribuida y en régimen de dedicación exclusiva, como alcaldes, presidentes de diputaciones, cabildos o consejos insulares, diputados, senadores o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Que la política es una salida mucho más socorrida para los trabajadores públicos que para los del sector privado salta a la vista. A los complementos salariales se suman otras regalías como la seguridad en el empleo -con reserva de plaza y destino en el momento de reincorporarse a la vida laboral ordinaria-, el cobro y la acumulación de derechos de antigüedad o el mantenimiento de ventajas como las que favorecen a los funcionarios de la Administración Civil del Estado encuadrados en Muface. Entre ellas, para quienes accedieron a tal condición antes de 2011, la posibilidad de jubilarse con el 100% de la pensión a partir de los 60 años y con 35 cotizados.

Si se atiende sólo al Gobierno de La Rioja, cinco de sus nueve miembros -con considerable desproporción entre el número de funcionarios en relación con el total de empleados de la región- proceden de la Administración pública: penitenciaria, educativa o general. Lo cual quiere decir que, además de estar descargados de los agobios que pueden castigar a sus compañeros de gabinete cuando se preguntan acerca del destino laboral que les espera una vez que abandonen la política, se encuentran mejor retribuidos porque a las asignaciones por la responsabilidad que les ha sido confiada suman el cobro correspondiente a la antigüedad por los servicios anteriormente prestados como trabajadores al servicio de la Administración pública e incluso siguen incrementando ese capítulo durante su ejercicio político.

Lo mismo vale para los diputados del Parlamento regional que, llegados desde el sector público, ejercen en régimen de dedicación exclusiva que para los miembros del Congreso o del Senado que tenían la condición de funcionario cuando fueron elegidos por los riojanos. Y todo ello con palmaria falta de transparencia, toda vez que las retribuciones de las que informan los órganos en los que desempeñan su labor política nunca incorporan los ingresos por antigüedad, aunque también salgan de los bolsillos de los contribuyentes.

En una reciente conferencia pronunciada en Logroño, el sociólogo Narciso Michavila apostó por desmontar algunos falsos mitos de la sociedad española, entre los que refirió la presunta aspiración de un número elevado de jóvenes a conseguir un puesto de trabajo en cualquiera de las administraciones públicas. Según el presidente de GAD3, no es verdad que la pretensión de ser funcionario sea más fuerte que la de obtener un empleo en el sector privado. Es posible, aunque algunas encuestas y determinadas canonjías inviten, a veces, a pensar lo contrario.

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