Miedo al alza del alquiler

El Gobierno tiene las herramientas económicas necesarias para evitar una nueva burburja inmobiliaria

El término 'burbuja' en el mercado inmobiliario dispara todas las alarmas, aunque en este caso el mercado afectado sea el del alquiler de viviendas. La rentabilidad de dicha actividad en los últimos cuatro años se ha disparado un 33,8%. Las razones de esta subida que puede considerarse fuera de control son tanto de oferta como de demanda. En el segundo caso, la mala calidad de buena parte de los empleos que se crean tras la crisis y el estancamiento de los salarios impiden a los jóvenes comprar una casa, con lo que optan por la vivienda en renta para emanciparse; además, las instituciones financieras, escaldadas por las aventuras recientes del sector en el mundo inmobiliario, adoptan más cautelas que antes a la hora de otorgar hipotecas. Por el lado de la oferta, los bajos, casi nulos, tipos de interés con que se retribuye el ahorro llevan a muchos inversores a la adquisición de inmuebles, que ofrecen rentabilidades mucho mayores, sin los riesgos inherentes a los valores mobiliarios: de nuevo, la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Además, la mala experiencia de muchos hipotecados durante la crisis parece haber cambiado la cultura de la vivienda en propiedad, tan arraigada, y hoy son muchos quienes prefieren vivir de alquiler, lo que aporta además la ventaja de una mayor movilidad laboral. Por último, el encarecimiento se debe al 'boom' del alquiler turístico, que el Gobierno ha empezado a ordenar y controlar tardíamente. Fomento ha descartado, con razón, poner topes al alquiler, porque ello reduciría la oferta. Pero el Gobierno tiene medios para enfriar el sector: el impulso, por vías fiscales y de otra índole, a la creación de promociones municipales y autonómicas de vivienda pública para alquiler; el estímulo a las socimis para que se incremente la oferta de vivienda nueva por esta vía; las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías para su puesta en alquiler, etc. También los ayuntamientos podrían utilizar el IBI para estimular el alquiler de viviendas desocupadas. En definitiva, el objetivo de mantener los alquileres bajo control ha de lograrse por razones económicas -evitar la burbuja- y sociales porque un sistema de alquileres razonables, regulados de forma que haya un equilibrio de intereses entre arrendatario y arrendador, contribuye al bienestar de la comunidad.

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