La lucha de los pensionistas

Resulta difícil de justificar que nueve millones de españoles pierdan poder de compra en plena recuperación económica

El clamor en las calles de decenas de miles de pensionistas está marcando el paso al Gobierno. Por mucho que las cuentas de la Seguridad Social se encuentren en una situación límite, resulta muy difícil de justificar ante más de nueve millones de personas que la recuperación de la que tanto presume el Ejecutivo solo concede margen para subir sus prestaciones un 0,25%. Es decir, que están condenadas a perder poder adquisitivo en plena cresta de la ola. Ese pírrico aumento podía ser soportable cuando la inflación permanecía congelada e incluso en terreno negativo. Su permanencia en el tiempo -ya se prolonga cinco años-, unida al repunte de los precios, ha derivado en la creciente indignación de un colectivo hasta ahora en silencio y resignado a su suerte, que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno al dar un paso al frente. Es cierto que, a pesar de los sucesivos ajustes en el sistema, los pensionistas han salido mejor librados de la crisis que los trabajadores en activo, que han sufrido masivos despidos o fuertes reducciones salariales. Tanto como que cientos de miles de viudas malviven con ridículas prestaciones que les obligan a practicar una economía de guerra. Parece evidente que el inquietante déficit del sistema público -18.800 millones el pasado año- no permite alegrías. Pero es de justicia garantizar el poder de compra de un colectivo que contribuyó con su esfuerzo a pagar las pensiones del pasado y que ahora reivindica legítimamente un trato digno. Y con el que la sociedad tiene contraída una deuda moral por ejercer de sostén familiar en los años más duros de la crisis al cargar sobre sus hombros con el mantenimiento de hijos en paro. Temeroso de agudizar su desgaste y desplomarse aún más en las encuestas, el Gobierno se ha visto forzado a lanzar inconcretos guiños fiscales a los pensionistas y a aceptar un pleno en el Congreso sobre sus demandas, apoyadas por toda la oposición. No en vano, el colectivo es el principal apoyo electoral del PP. La viabilidad futura del sistema es un reto de suficiente envergadura y complejidad como para huir de la fácil tentación de la demagogia y el populismo. Antes o después, la Seguridad Social tendrá que recibir una mayor aportación desde los Presupuestos del Estado. Pero el dinero que se destine a través de esa vía a garantizar unas prestaciones dignas deberá ser cubierto con más déficit -que tiene unos límites-, más impuestos o con recortes en otras partidas de gasto. Es así de simple. Nada sale gratis. Conviene recordarlo para no llamarse a engaño.

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