Que la lluvia no nos impida ver la sequía

Que la lluvia no nos impida ver la sequía

«Basar la política hídrica en la oferta ilimitada de agua es un error y el ejemplo es claro: España es el país con más embalses per cápita del mundo y los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden, son una constante»

La sequía es un fenómeno habitual en la península Ibérica y por lo tanto también en La Rioja. Dicen los estudiosos que hemos sufrido sequías meteorológicas durante miles de años y que las seguiremos sufriendo. Sin embargo, algo está cambiando. No seamos tan ingenuos de pensar que ya con las nieves e los últimos días el problema habrá desaparecido.

El cambio climático propicia que los periodos secos duren cada vez más. Y si a ello le sumamos el aumento en el consumo descontrolado de agua que tenemos, nos situamos ante uno de los principales problemas que va a tener que afrontar nuestra comunidad y al que no podremos dar la espalda.

Sabemos que la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío sobredimensionada y ni muchos menos adaptada a nuestro clima, por muy conocido y catalogado que lo tengamos.

La agricultura consume ya el 84,3% del agua, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (2015) a nivel nacional. El resto, un 15,7% se lo reparten el abastecimiento humano y los usos industriales.

El Gobierno de La Rioja, como el de España, pretende establecer un consenso estatal en materia hídrica con su nuevo Pacto Nacional por el Agua, con las mesas de la sequía, mesas del agua, mesas y más mesas.

Pero no podemos permitir que se use la sequía para justificar la construcción de más embalses, trasvases o infraestructuras sin pies ni cabeza que nos han llevado a estar como estamos, sin agua. Que le pregunten a más de una comunidad de regantes riojana si sus infraestructuras de canales y bombas están hechas con la razón y el buen entendimiento o si por el contrario parece que se hubieran diseñado sin que el encargado de proyectarlo haya pisado ni siquiera el terreno.

Basar la política hídrica en la oferta ilimitada de agua es un error y el ejemplo es claro: España es el país con más embalses per cápita del mundo y los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden, son una constante.

Hay que marcar prioridades y en el PSOE están claras:

- Trabajar para conocer cuánto agua se gasta, quién la usa, qué usos se le da y cuánto supone la recuperación económica que estas actividades generan, pues aún se desconoce el 75% de estos usos.

- Conocer el precio del agua; se necesitan tarifas que recuperen los costes reales del uso del agua y una mayor transparencia respecto a quién paga los servicios del agua.

- Revisión de los derechos concedidos de uso de agua para adecuarlos a los recursos realmente disponibles.

- Diseñar una progresiva reconversión del regadío intensivo y superintensivo a explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua.

- Mejora del ahorro de agua mediante programas de modernización de regadíos, con sistemas de medición reales.

- Avanzar en el mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales que en las dos últimas décadas ha florecido en España al calor de los fondos europeos de cohesión, ya que reutilizar las aguas depuradas es ya una opción ineludible ante el escenario de carestía que se nos plantea.

- Activar el marco legislativo necesario para poner en marcha estrategias alternativas a los regadíos más insostenibles, como es el desarrollo rural para reducir la presión sobre las aguas y asegurar la calidad de vida de la población rural.

Al inicio de la presente legislatura se anunció la puesta en marcha de una ley para combatir los efectos del cambio climático en España, y la gestión del agua. De momento, la proverbial inacción del gobierno de Rajoy ha propiciado que nada se avance en ambas materias.

La única respuesta a esta situación crítica viene en forma de una serie de ayudas y «medidas excepcionales contra la sequía» propuestas por el Gobierno de España. Medidas que además han debido ser enmendadas, por su desacierto y escaso rigor, por el Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso de los Diputados.

Los planes hidrológicos de cuenca, impulsados por el gobierno del Partido Popular, han encontrado, rechazo social y vetos por parte de la Unión Europea. Elaborados con la vista puesta en el horizonte del 2021, son documentos de planificación que han perdido en buena parte su sentido frente a la realidad de los acontecimientos y no darán respuesta a los actuales problemas.

Desde el Partido Socialista Obrero Español creemos que solamente del consenso y la visión global pueden nacer las recetas apropiadas para dar respuesta a la problemática del agua en España.

Todas estas intenciones y propuestas han de estar recogidas en un nuevo marco regulatorio, que nazca del consenso entre regiones y fuerzas políticas. Implicando y comprometiendo a todos por igual en el objetivo común (laborioso pero posible) de gestionar apropiadamente los recursos de los que disponemos. Algo que solamente se conseguirá garantizando las necesidades de la actividad humana (y la calidad medioambiental de ríos, riberas y acuíferos) poniendo en marcha las medidas y la normativa más apropiada para este momento que nos toca vivir.

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