Llarena, en solitario

La decisión alemana de excarcelar a Puigdemont pone de relieve las diferencias en la tipificación del delito de rebelión

La resolución del Tribunal de Scheleswig-Holstein, que deja en libertad bajo fianza a Puigdemont por considerar que no ha incurrido en actos de violencia necesarios para imputarle el delito de rebelión, está sujeta a controversia en cuanto a la aplicación de la euroorden. Lo está porque las instancias judiciales de ese Estado alemán entran a valorar el fondo de la cuestión. Y ahí es donde existe esa discrepancia jurídica sobre la tipificación penal de las actuaciones de la Generalitat relacionadas con la consulta ilegal del 1 de octubre, calificadas como de rebelión. Si el magistrado del Supremo Pablo Llarena eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para precisar el alcance de la orden de detención y entrega emitida desde España, y sobre la potestad que los órganos jurisdiccionales de otros países tendrían para pronunciarse al respecto, se aclararán esas diferencias. Los jueces y tribunales españoles son los intérpretes de la legislación vigente en nuestro país, pero están sujetos a un triple escrutinio. El correspondiente a un sistema democrático; el referido a la cesión de soberanía que confiere al TJUE y al Tribunal de Derechos Humanos capacidad resolutiva sobre asuntos pretendidamente nacionales; y el correspondiente al parecer que otras jurisdicciones alberguen a la hora de atender cualquier recurso a la euroorden por parte del juez de instrucción de otro país. La situación revela que no existe ni una legislación equiparable ni, mucho menos, una jurisprudencia unívoca en los países de la Unión sobre supuestos delictivos que lindan con la utilización legítima del poder público para procurar la transformación del orden constitucional. Las manifiestas ilegalidades cometidas en los sucesivos intentos de desconexión de la Generalitat con el resto del Estado revisten una gravedad que se evalúa de manera muy distinta según los países. Ese es el 'juego de las diferencias' al que, de forma instintiva, se ha dedicado Puigdemont desde su huida. Son dos sus objetivos políticos: el primero, mantenerse como único candidato legítimo a la presidencia de la Generalitat; el segundo, encarnarse para ello como la figura que más directamente erosione el Estado constitucional -más que los independentistas encarcelados-. La soledad de Llarena se ha hecho patente, cuando nadie es capaz de asegurar el horizonte judicial de la causa.

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