Al límite

El desafío de la ley por parte de la Generalitat ha llegado a tal extremo que ha dejado casi sin margen al Gobierno para evitar el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se negó ayer a atender el doble requerimiento del Gobierno central para que informara sobre si el pasado 10 de octubre se había producido una declaración unilateral de independencia y para que las instituciones catalanas volvieran a la legalidad. Esa actitud llevó a Mariano Rajoy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para mañana con el propósito de aprobar las medidas que elevará al Senado de cara a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El independentismo gobernante continúa reprochando al presidente su negativa a dialogar sobre aquello en lo que éste no está de acuerdo, que es la secesión pactada de Cataluña. A estas alturas, el Ejecutivo catalán no puede seguir imputando al Estado las culpas de que nos encontremos en un extremo tan indeseado como es la próxima intervención de su autonomía. La mayoría parlamentaria que encabeza Carles Puigdemont ha llevado las cosas hasta un límite tan desafiante que ha dejado al Gobierno -y al PSOE y Ciudadanos, que le apoyan en este trance- casi sin margen para evitar la aplicación del 155. Desde el punto de vista constitucional, es el único mecanismo con el que cuenta el sistema democrático para restaurar la legalidad en una comunidad autónoma cuando sus instituciones no sólo se desentienden de ella, sino que tratan de desbordarla de forma tan insistente. Es cierto que, por la vaguedad de su formulación jurídica y por la carencia de precedentes de tanto calado, la puesta en marcha de este artículo puede concretarse mediante muy diversas fórmulas de intervención. Y que ponerlas en práctica será harto difícil si quienes se encuentran al frente de la Generalitat se resisten a ello. Cataluña debe volver de inmediato a la senda de la legalidad. No obstante, resulta fundamental que tanto la aplicación del 155 -que el Gobierno y el PSOE pretenden limitar al máximo- como su percepción se ciñan a la necesidad de preservar el autogobierno de los catalanes, sin que la medida sea explotada por el independentismo. Tras anunciarla, Mariano Rajoy recibió ayer el respaldo de los grandes líderes de la Unión Europea.

ABIERTO ENFRENTAMIENTO. Una cuestión clave para el devenir de los acontecimientos es si la Generalitat está moviéndose a impulsos de su propia inercia o si lo que persigue es conducir a Cataluña hasta una situación aún más insostenible que la actual. Hasta un escenario con un enfrentamiento abierto entre la Administración central y la autonómica en todas las áreas del sector público, con el fomento de una constante movilización ciudadana como telón de fondo. La resolución adoptada en la noche del miércoles por la dirección del PDECat apunta en esta segunda dirección cuando el partido heredero de Convergència da cobertura a la eventualidad de que Puigdemont declare unilateralmente la independencia. Sería hasta cierto punto lógico en su irracionalidad que quienes se saltaron la ley y se niegan a restaurarla en el autogobierno de Cataluña persistan en la ruptura confrontándose aun más abiertamente con los poderes del Estado. Esta es la vertiente más crítica del momento, y no solo en cuanto a la eficacia real del 155. Porque si el independentismo gobernante descubre que el empeoramiento de la situación es su única salida, a modo de un gran salto en el vacío que arrastre a toda Cataluña y en esa misma medida a España y a Europa, los acontecimientos pueden quedar fuera de todo control democrático.

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