Libertad, libertad, libertad

Libertad, libertad, libertad

«Al cerrar centros públicos se cierra el derecho de todos a elegir, pues sin opciones viables, no sujetas a intereses privados, no hay igualdad ni puede haber libertad»

Usar tópicos y generalizaciones para que una argumentación llame a engaño y a sostener ideas ajenas con la mayor ingenuidad es propio de la demagogia. La frenética vida actual no deja mucho tiempo a la reflexión y persuasivos mensajes publicitarios nos han acostumbrado a no fijarnos demasiado en las palabras, en su hondura. Como cuando cambiamos de móvil en pocos meses sin necesidad real, persiguiendo sueños de éxito, amistad, rapidez, diversión y hasta libertad.

Así, hoy en día se difuminan los términos Estado, empresa privada y ONG. El Estado suministra servicios y artículos fundamentales para un país, buscando el interés general dentro de la austeridad, no importa su margen de ganancia, pues no persigue enriquecimiento. Una empresa privada, en cambio, pertenece a una persona, asociación o corporación y su único objetivo es la maximización de beneficios; aunque sea necesaria en el mercado capitalista, siempre busca eliminar rivales, eso sí, bajo la bandera de la libertad de competencia. Por último, las ONG y organizaciones similares, aun siendo privadas, evitan la financiación oficial para mantener autonomía de gestión, trabajan a través de voluntarios para abaratar costes y tienen fines benéficos, políticos, religiosos o de simple exención de impuestos.

Aspiración constante de ciertas empresas privadas es lograr que el Estado las subvencione, para asegurar de un plumazo una parte importante de beneficios. Por ello son jugosos los sectores que todos precisamos. Pero hay servicios en los que es vital la regulación del Estado, por ejemplo, la sanidad o la educación. Y aquí es clara la diferencia de planteamientos, pues el Estado logra personas sanas y ciudadanos formados, mientras que las empresas privadas necesitan clientes enfermos y dependientes, adeptos incondicionales, como inagotable fuente de ingresos. Igual que la publicidad nos embauca para cambiar de móvil.

Algunas empresas privadas suplantan al Estado en sus obligaciones y exhiben fines similares a los de una ONG. Por ello enmascaran su afán de enriquecimiento bajo el altruismo, califican la regulación estatal como opresora y denigran a los funcionarios, ocultando las malas condiciones laborales de sus empleados al abaratar costes, aunque públicamente alaben su excelencia y absoluta entrega a la empresa. Así, juzgan con recelo a la escuela pública, la tachan de tradicional, confundiéndola con la franquista, que adoctrinaba y domesticaba a la población. Pero la escuela pública de una democracia no es la de los estados totalitarios fascistas del pasado siglo, no está sujeta a ideologías ni permite monopolios que desatienden a quienes no comulgan con su ideario, como sucedió en España con la casi exclusividad de que gozó la Iglesia Católica, hasta que proyectos pedagógicos, como la Institución Libre de Enseñanza, renovaron y extendieron la educación de calidad, entre los siglos XIX al XX, favorecidos por la primera democracia.

Ahora, por ejemplo, existen colegios de empresas privadas, pero sostenidos con fondos públicos, que ni tienen obligación ni imparten otra religión que la católica, mientras que los centros públicos ofrecen todas las religiones hasta ahora reguladas y la opción de otra materia alternativa, como fija la ley. La variedad, la riqueza cultural, la tolerancia, el espíritu crítico, la libertad están en los centros públicos. Igual sucede con el resto de servicios. Pero, paradójicamente, las empresas privadas, en su intento por eliminar la competencia, demonizan a la escuela pública. Argumentan que el Estado debe financiar con preferencia lo privado, invocan el derecho de libre elección, aunque, en realidad, nada impide a los padres elegir un centro escolar. Esto es demagogia. Lo único que efectivamente veta la libre elección es que el Estado no garantice aulas públicas de calidad para todos. Al cerrar centros públicos se cierra el derecho de todos a elegir, pues sin opciones viables, no sujetas a intereses privados, no hay igualdad ni puede haber libertad.

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