Libertad sin justicia

Las resoluciones judiciales sobre La Manada generan un clima de indefensión entre las mujeres e invitan a desistir de la denuncia

La decisión de la Audiencia de Navarra de conceder la libertad provisional a los cinco miembros de La Manada, con una fianza de 6.000 euros, redobla la incomprensión generada por la sentencia, que les exoneró de un delito de agresión sexual y les condenó por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Aun admitiendo que tanto la resolución condenatoria como el auto de ayer puedan ajustarse a Derecho, es evidente que la primera optó por desentenderse de la carga de violencia grupal que revelaba la terrible secuencia del portal. Y que la puesta en libertad soslaya la gravedad de una pena de nueve años de cárcel, la manifiesta incapacidad de los condenados para admitir la maldad de su conducta y las diligencias contra algunos de ellos por una causa análoga. La sensación de que la sentencia primero y la concesión de la libertad provisional después tienden a atenuar la culpabilidad de quienes se hicieron llamar La Manada provoca indefensión en las mujeres e invita al desistimiento a la hora de denunciar otras injusticias. A la espera de que se conozca la literalidad del auto y del voto particular discrepante, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se refirió ayer a la necesidad de que la Judicatura reciba formación en cuanto a la perspectiva de género y de las víctimas. Unas apreciaciones que profesionales de la Justicia reiteraron tras la sentencia condenatoria y que resultan difíciles de entender, puesto que advierten de que magistradas y magistrados no están suficientemente preparados para pronunciarse sobre casos de violación y de violencia machista, cuando se suceden a diario. Nunca antes los tribunales de Justicia se habían enfrentado en nuestro país a una contestación social tan numerosa y transversal. A una contestación ciudadana que en ningún caso presenta más sesgos que los imputables a las resoluciones judiciales sobre La Manada. Las medidas cautelares dictadas -como la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la joven asaltada- no podían contemplar que los condenados se abstengan de pronunciarse en público; que eviten victimizar de nuevo a la víctima con la exposición de su relato en defensa de su inocencia. Pero la quiebra entre las resoluciones judiciales de la Audiencia de Navarra y la demanda de Justicia frente al machismo más atroz interpela a los poderes del Estado para que procedan a una drástica corrección de valores patriarcales.

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