Lecciones del conflicto de El Prat

Los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, pertenecientes a la empresa Eulen, rechazaron el acuerdo propuesto por la Generalitat y votaron por una contraoferta que implica una mayor subida salarial. Por tanto el conflicto se alarga y se mantienen los paros parciales. Y aunque la solución llegue en el último momento, la situación, que ya se ha contagiado a Galicia, debe servir de lección, puesto que es patente que lo sucedido proviene del sistema de contratación. El 51% del capital de AENA es público, lo que obliga a la compañía aeroportuaria a ajustarse a los sistemas de contratación establecidos por la ley en estos casos. En efecto, AENA adjudicó el contrato a través de un concurso público -en realidad, un concurso-subasta- en el que se cumplieron todos los requisitos que marca la ley y en el que la oferta económica era decisiva. Además, Eulen ofreció un precio ligeramente inferior, del orden del 2%, al que había ofrecido Prosegur, la anterior adjudicataria que conocía bien los costes del contrato. Sin embargo, este sistema de subasta es perverso, porque al ser el precio de la prestación determinante, se obliga a reducir al máximo tolerable el servicio y a regatear todo lo posible el salario de los trabajadores que van a implementarlo. Lo lógico y racional es que, en casos como este, predomine la figura del concurso sobre la subasta, de modo que el precio no sea decisivo y primen las condiciones en que se prestará el servicio. Es, además, razonable realizar una preselección e invitar a las empresas que acrediten capacidad y experiencia. De este modo, la administración puede conseguir la calidad que requiere, sin presionar a la baja sobre los salarios. Lógicamente, la subasta pura es la que mejor control permite, y ello no es baladí en épocas de corrupción frecuente, pero el concurso, con unos baremos claros y una adjudicación transparente, no tiene por qué arrojar sospechas. En EE UU la subasta ha sido erradicada, por ejemplo, en la adjudicación de proyectos de obras públicas, de cuya calidad depende la ejecución feliz de grandes infraestructuras. En todo caso, la conflictividad laboral desencadenada por los trabajadores de El Prat, con una exorbitante capacidad de presión, nos recuerda asimismo la necesidad de una ley de huelga que marque los límites exactos de este derecho constitucional, que debería ejercerse en el marco de una más abierta negociación colectiva.