Lecciones de Archidona

Urge un debate en profundidad sobre el modo de afrontar la llegada de pateras y un pacto de Estado sobre un fenómeno que no es coyuntural y sigue en manos de los Estados

El Ministerio del Interior anunció hace unos días la salida de los últimos extranjeros internados en Archidona (Málaga) desde su llegada a finales de noviembre a la costa levantina en patera. La habilitación de una prisión sin estrenar como centro de internamiento de extranjeros (CIE), las condiciones en que han permanecido los más de 500 argelinos internados y la muerte de uno de ellos han suscitado una gran polémica que se ha visto acompañada por informaciones e imágenes que han puesto de relieve que los incidentes han sido frecuentes y que la situación no puede volver a repetirse. Pero el debate mediático y en las redes no ha abordado una cuestión de fondo: ¿cómo afrontar la llegada de personas indocumentadas que, a veces en un número elevado, alcanzan las costas españolas o son rescatadas en alta mar? No es este el lugar para tratar una cuestión tan compleja, ni de analizar unos hechos (los de Archidona) que siguen sin estar del todo claros. Pero sí para intentar extraer algunas lecciones de lo ocurrido, sobre todo ante la certeza de que la llegada de pateras seguirá produciéndose.

Aunque el fenómeno de las pateras no es nuevo, seguimos careciendo de un dispositivo capaz de afrontarlo. Desde el año 2001 más de 200.000 personas han sido detectadas en las costas peninsulares, baleares o canarias intentando entrar irregularmente a nuestro país. La respuesta que se da a estas personas incluye el salvamento marítimo, la atención médica de urgencia y la ayuda humanitaria. Pero el enfoque predominante es el de la lucha contra la inmigración irregular: la tramitación de órdenes de devolución y el ingreso en un CIE para intentar expulsar a los recién llegados. Este enfoque prioritario no es exclusivo de nuestro país y tiene su lógica, puesto que la infracción de la normativa es clara. Cuestiones distintas son los límites de esta política, su dudosa eficacia y sus elevados costes humanos. Pero ante la capacidad limitada de los CIE ubicados en la costa, lo habitual ha sido distribuir a estas personas en los demás CIE y, en momentos de colapso, habilitar de manera urgente otros espacios para proceder al internamiento. Los datos de 2017 (20.000 personas llegadas en patera) están lejos de los del año 2005, en el que llegaron a Canarias más de 30.000. Pero ha vuelto a demostrarse que el dispositivo actual no soporta volúmenes importantes de llegadas y que sigue optándose por la ampliación urgente y temporal de la capacidad de los CIE.

El modelo no solo se colapsa en momentos de crisis, sino que es incapaz de dar una respuesta adecuada. La normativa española, que es más garantista que la de otros países, no se aplica de manera correcta en los casos de llegadas importantes de pateras. La insuficiencia de medios de la policía, la fiscalía, los colegios de abogados y los juzgados provoca que los internamientos colectivos sean demasiado frecuentes, a pesar de su ilegalidad. Tampoco es posible garantizar que todos los casos se analicen individualmente, lo cual conlleva que en ocasiones se interne a menores, a personas vulnerables o a potenciales solicitantes de asilo. Es preciso, pues, diseñar un sistema de recepción que permita cumplir la legalidad vigente en todo momento.

El uso de la prisión de Archidona como CIE temporal ha puesto de relieve que las crisis de pateras no pueden abordarse mediante soluciones de urgencia. La normativa europea y la española contemplan que puedan habilitarse nuevos centros para hacer frente a situaciones de emergencia. Pero ante una realidad tan consolidada como la de las pateras es imprescindible desarrollar planes de contingencia que permitan darles una respuesta adecuada.

El caso de Archidona también ha vuelto a poner de manifiesto los límites del debate en torno al carácter «no penitenciario» de los CIE. Aunque la ley los define así, la indefinición de este concepto no solo ha permitido que los CIE tengan unas condiciones que en muchos casos son peores que las de las prisiones, sino que existan dudas sobre si un centro como el de Archidona (que tiene mejores instalaciones que algunos CIE) pueda ser habilitado temporalmente como CIE. Lo importante no es si un centro es formalmente penitenciario o no, sino cuáles son las condiciones reales en que se desarrolla el internamiento.

Como en todo lo relacionado con los CIE, la política de comunicación del Ministerio del Interior no ha sido la adecuada. La publicación de breves notas de prensa para salir al paso de algunas críticas no ha servido para informar sobre la realidad ni ha evitado la proliferación de una serie de informaciones y acusaciones que, de ser ciertas, serían de extrema gravedad.

Urge un debate en profundidad sobre el modo de afrontar la llegada de pateras y, en la medida de lo posible, un pacto de Estado sobre un fenómeno que no es coyuntural y sigue en manos de los Estados. El anuncio del Ministerio del Interior de construir nuevos CIE que respondan a las diversas necesidades existentes sería una buena ocasión para ello. Pero como en todo pacto de Estado hace falta voluntad real para afrontarlo por parte de todas las fuerzas políticas.

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