Justos y pecadores

El Congreso debatirá, contra el criterio del PP, la reforma de la ley que limita el gasto de los ayuntamientos más saneados

La precariedad parlamentaria que limita al máximo la capacidad del Gobierno de Rajoy para sacar adelante cualquier proyecto va a propinarle un nuevo quebradero de cabeza. Un revés que, de no ser encauzado a tiempo, podría amenazar el cumplimiento del déficit impuesto por la UE a España, y forzar nuevos y severos ajustes en el gasto público. Los ayuntamientos con cuentas saneadas podrán reinvertir su superávit sin las limitaciones que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria si sale adelante la reforma de esta norma que propone Unidos Podemos. Salvo sorpresa de última hora, el pleno del Congreso aprobará hoy tramitar una iniciativa en ese sentido. Lo hará con el apoyo de toda la izquierda y gracias a la decisiva ayuda del PNV, el partido en el que confía el PP para sacar adelante los Presupuestos Generales del próximo año. El Estado ha cuadrado sus cuentas a martillazos gracias al superávit de los municipios, que ha compensado los abultados 'números rojos' de las demás administraciones y permitirá a España no superar el límite de déficit establecido por Bruselas. Es comprensible que los ayuntamientos con una mayor solvencia financiera quieran encauzar el máximo de sus recursos disponibles hacia la mejora de los servicios que prestan a sus vecinos. Y, por tanto, que deseen librarse del yugo que les impone la denominada 'regla de gasto', con la que ven limitado su margen de maniobra y, al final, pagan justos (gestores eficaces) por pecadores (manirrotos). El problema es que esa actuación rompería los equilibrios en los que se basan, hoy por hoy, las precarias cuentas del Estado. Si desaparecieran los más de 6.800 millones de superávit de las corporaciones locales, el Gobierno debería aplicar recortes por idéntica cuantía en el gasto... o incumplir de nuevo el techo de déficit fijado por la UE y asumir las consecuencias. El PP y Ciudadanos se quedaron ayer solos en la defensa de la 'regla de gasto'. La iniciativa de Unidos Podemos -que el Gobierno no vetó a tiempo en su día, pudiendo hacerlo, por un injustificable despiste parlamentario- cuestiona la reforma exprés de la Constitución aprobada en septiembre de 2011, que incluyó el compromiso de estabilidad presupuestaria cuando España estaba al borde del rescate. El Ejecutivo, cuya debilidad vuelve a quedar de manifiesto, pone en duda que, con la regulación europea en la mano, sea aplicable aunque se apruebe tras una tramitación en la que podría registrar sustanciales modificaciones.

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