JUSTICIA Y POLÍTICA

L a posverdad catalana lleva tiempo tratando de elaborar, con éxito relativo, un mensaje demoledor. Su discurso empapa desde hace años, como lluvia fina, a ciudadanos predispuestos a dejarse llevar por el victimismo y por la ilusión de una Arcadia sólo alcanzable fuera del marco español. El mensaje ha sido comprado, más recientemente, por los populismos que fían su ambición de poder a la voladura de los cimientos del sistema. Cuanto peor, mejor.

La caja de Pandora que se abrió con la declaración unilateral de independencia (DUI) y la inmediata réplica del Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha dado rienda suelta a algunos de los peores monstruos que a duras penas eran contenidos por quienes todavía se prestaban a disimular su siembra de odio. Una vez que han fracasado en el intento de acabar con la integridad territorial del Estado, el argumentario de los secesionistas ataca ahora el prestigio de España y la calidad de su democracia con acusaciones que, a pesar de su inconsistencia, pretenden dañar la credibilidad de país.

El expresidente Carles Puigdemont estrenó su fuga a Bélgica con una comparecencia esperpéntica ante decenas de medios de comunicación. La mentira -se pronuncie en catalán, en castellano, en francés, en inglés o en una mezcla de los cuatro idiomas- tiene las patas cortas, pero la (mala) intención muy larga. Fueron pocos los que compraron el discurso del prófugo, pero hay determinadas falsedades que, a fuerza de ser repetidas -y, todo hay que decirlo, también con la ayuda inestimable de un ejercicio del periodismo manifiestamente mejorable- van calando en el imaginario colectivo. Verbigracia, la pretendida «violencia desmedida» de la Policía y de la Guardia Civil durante la jornada aciaga del 1 de octubre pasado.

La ficción de un Estado represivo que impide a porrazos el ejercicio del voto a ciudadanos pacíficos será una de las argucias centrales de la campaña electoral que conducirá hasta el 21 de diciembre. A falta de pruebas sobre el alcance de los daños personales causados por aquel supuesto desmán, la inmensa mayoría de los cientos de heridos no tiene nombre ni apellidos. Sólo algunos maestros de la mendacidad se identificaron para quedar, poco después, por lo que eran. Buen número de las imágenes que se difundieron aquel día y que estremecieron a las personas de bien eran, como pudo comprobarse, recopilaciones de sucesos que nada tenían que ver con el 1-O.

La acción de la justicia -acelerada para unos, impecable para otros- ha empezado a redactar también el martirologio del 21-D. Será otra de las bazas electorales para el independentismo, que ya cuenta con su santoral de agraviados, «presos políticos» que no han sido recluidos en centros penitenciarios por pensar distinto, sino por infringir las leyes, por hacer oídos sordos a las reiteradas advertencias de los tribunales y por ignorar de manera deliberada las normas que la propia democracia se ha dado para garantizar que los derechos de todos no son pisoteados por unos pocos.

El expresidente de Cataluña, con su desparpajo políglota pero falaz, no ha dejado de sembrar dudas sobre la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes que garantiza el modelo de convivencia y homologa a España con las democracias más avanzadas del mundo. «Me quieren llevar a la cárcel por cumplir mi programa electoral», aseguró sin advertir a quienes le escuchaban que la verdadera causa por la que le persigue la justicia es su obcecada ruptura de la legalidad y el grave desprecio a la democracia y sus garantías con el que ha tratado de imponer el desvarío segregacionista de su propuesta.

Hay quien, rememorando a José Luis Rodríguez Zapatero, cree que el concepto de justicia, como el de nación, es «discutido y discutible». En el universo mundo, la justicia tiende a ser considerada independiente sólo cuando se pronuncia a favor de aquellos que la invocan. En caso contrario, nunca faltan quienes la consideran manipulada y parcial. En el ámbito público, ese debate abre las puertas a las denuncias de «politización de la justicia» e incluso de «judicialización de la política», según convenga acusar a los jueces de interpretar las leyes con sesgo partidista o descalificar a los representantes de los ciudadanos que apelan a la legalidad frente a quienes pretenden saltársela en aras de no se sabe bien qué concepto de diálogo.

Una de las lacras del término «política» es que suele actuar como contaminante semántico cuando se emplea asociado a otro sustantivo. En tono jocoso, un chiste trata de dimensionar su capacidad insidiosa asegurando que la política es tan mala que cuando califica a algo tan querido y venerable como una madre la convierte en suegra. Un efecto transformador parecido, pero inverso, cabe apreciar en el afán de atribuir la condición de presos «políticos» -como si lo fueran sólo por sus ideas- a los exconsejeros del Gobierno de Cataluña que, por orden de la juez Lamela, han sido recluidos esta semana en centros penitenciarios. En todos los casos, por la gravedad de los delitos que se les imputan; no por el hecho de ser independentistas, como tratan de justificar en lo que sí constituye un flagrante caso de politización de la justicia, sino por la contumacia con la que, pese a sus disfraces, han tratado de burlar las reglas del Estado democrático y de Derecho.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos