Justicia en Alsasua

Durante los largos años del terrorismo, el entorno de ETA se acostumbró a imponer su ley en los espacios públicos de pequeños municipios bajo su control, sometidos a una asfixiante atmósfera en la que el miedo ahogaba cualquier voz disonante con el abertzalismo más radical. Algunas de sus prácticas, propias del matonismo, han sobrevivido en determinados círculos pese al cese de la violencia decretado por la banda. La Audiencia Nacional juzga a partir de mañana a los ocho procesados por agredir salvajemente a dos guardias civiles y a sus respectivas parejas en un bar de Alsasua en octubre de 2016. La calificación de los hechos como presuntos delitos de terrorismo, agravados en la última reforma del Código Penal, enfrenta a los encausados a peticiones de hasta 62 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Esa tipificación puede resultar discutible, pero está absolutamente fuera de lugar el descarado intento de explotar esa elevada petición para banalizar la gravedad de unos actos que merecen un castigo penal. La falta de empatía de los acusados y de su entorno político con los agredidos demuestra el largo trecho que aún tiene por recorrer la izquierda abertzale para hacer creíble su discurso de convivencia y normalización.

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