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Catalá se enfrenta a la inexplicable falla del sistema informático puesto en marcha para agilizar los procedimientos judiciales

La detección la semana pasada de un fallo técnico en la plataforma LexNET, que sirve para la comunicación informatizada de los procedimientos judiciales, permitiendo el acceso de cualquier usuario del sistema -miembros de la judicatura, funcionarios, abogados, procuradores y responsables policiales- también a asuntos ajenos a su cometido y sujetos a estricta confidencialidad mediante una simulación de identidad ha generado serias dudas sobre la fiabilidad de un programa implantado en enero de 2016. De entrada, no se conoce en qué momento pudo producirse la falla; si el día en que se detectó o antes. Tampoco se conoce su naturaleza, dándose la circunstancia de que parece poco conveniente que las autoridades responsables divulguen los resultados de la pesquisa técnica al respecto, cuando menos mientras LexNET se encuentre en funcionamiento; no sea que su conocimiento público agrave el problema. Es también por eso por lo que las explicaciones dadas y las que en adelante pueda ofrecer el Ministerio de Rafael Catalá, bien ante la opinión pública bien a los grupos parlamentarios que la requieran, carecerán de la credibilidad precisa mientras no se produzca un peritaje externo que avale la continuidad de la plataforma informática con el plácet del Consejo General del Poder Judicial. Especialmente tras conocerse la existencia de un informe datado en abril de 2016 que ya señalaba trece graves deficiencias en la estructura del sistema, junto a las incomprensibles limitaciones que presenta para sus usuarios respecto al volumen de datos que puede integrar, a la lentitud resultante o a sus incompatibilidades. El temor a que la accesibilidad a toda la documentación disponible haya sido aprovechada por intereses espurios no es mayor que la inseguridad que genera la mera sospecha de que el sistema en su conjunto pudiera ser vulnerable. No se trata de un mero accidente, en tanto que compromete el secreto debido sobre una de las vertientes más delicadas de la existencia misma del Estado de Derecho, los procedimientos judiciales, y en tanto que aun en el mejor de los casos genera una enorme desconfianza en cuanto a la solvencia de LexNET. Desconfianza que cuestiona directamente el carácter obligatorio de su utilización, se extiende a la gestión realizada por el Ministerio de Justicia en este ámbito, y apunta a la drástica revisión de la plataforma o a su sustitución.

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