Inestabilidad 155 días después

La suspensión de la Barcelona World Race debería hacer que el secesionismo acelerara su vuelta al Estado de derecho

La aplicación del artículo 155, aprobada por el Senado el 27 de octubre para intervenir la autonomía de Cataluña tras la persistente deriva inconstitucional del soberanismo, que había aprobado en el parlamento normas inconstitucionales, convocado y celebrado un referéndum ilegal el 1 de octubre y hecho un amago de proclamar la independencia de la república catalana, cumple mañana 155 días. Tras la intervención, Rajoy convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, que dieron el triunfo de nuevo a los soberanistas, aunque sin mayoría absoluta de votos. Y desde entonces, los tribunales han comenzado a depurar las responsabilidades por la fallida intentona secesionista, los inculpados que se marcharon al extranjero están siendo reclamados por la justicia y las fuerzas nacionalistas no se muestran capaces de investir a un presidente de la Generalitat con un horizonte judicial despejado. El pasado día 22, Turull no consiguió ser investido, pero aquella votación marca el plazo de dos meses pasado el cual, si no se ha elegido a un presidente de la autonomía, quedarán convocadas nuevas elecciones que se celebrarían entre el 15 y el 20 de julio, según cálculo del propio Rajoy. La inestabilidad es tan notoria que ayer se conocía que la Barcelona World Race, la gran regata de vuelta al mundo a vela, se ha suspendido porque en estas circunstancias no ha sido posible encontrar patrocinadores. El éxodo empresarial, que ha sido masivo, continúa su incesante progresión, en tanto los comerciantes de Barcelona ya se manifiestan por la patente caída de su negocio, mientras el turismo comienza a decaer ostensiblemente. Las algaradas humeantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) no son el mayor atractivo para atraer visitantes ni el mejor estímulo para la inversión. Como mínimo, es exigible a los secesionistas una rectificación y, si no un cambio de criterio, sí al menos un retorno inequívoco al Estado de derecho, en el que todas las ideas pueden ser defendidas. Si tal hecho se produjese, el conflicto podría entrar en una fase positiva de creatividad y entendimiento, y aún sería posible recuperar el rumbo de prosperidad y bienestar que Cataluña está a punto de arruinar definitivamente.

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