El incierto futuro político de Cataluña

«Si el nuevo Gobierno no renuncia a la vía de la unilateralidad y a cualquier propósito rupturista, Rajoy estará obligado a pedir al Senado que mantenga el 155»

El resultado de las elecciones autonómicas celebradas el jueves en Cataluña refleja la profunda fractura existente en la sociedad catalana. Aunque las fuerzas secesionistas han obtenido un porcentaje de votos y un número de escaños inferiores a los alcanzados en los anteriores comicios, cuentan con una mayoría de 70 escaños que, en principio, les permitiría investir a un nuevo presidente de la Generalitat. En este contexto, la principal incógnita a resolver sobre el futuro Gobierno catalán es su compromiso con el Estado de Derecho. El nuevo Parlamento tiene la oportunidad de investir a un presidente autonómico que se comprometa a llevar a cabo su programa dentro del respeto a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico. Es decir, que acepte las reglas del juego democrático según las cuales para reformar el Estatuto de Autonomía son precisos dos tercios de los votos del Parlamento catalán y la mayoría absoluta de los votos en el Congreso de los Diputados. Las declaraciones de portavoces cualificados de la CUP -cuyos votos son necesarios para formar una mayoría independentista-, que insisten en continuar por la senda de la rebelión, presagian que no será fácil alumbrar una mayoría independentista respetuosa de la legalidad. Por otro lado, las fuerzas constitucionalistas, a pesar de la histórica victoria de Ciudadanos, tampoco alcanzan los escaños suficientes para conformar un Gobierno que conduzca a Cataluña por la senda del Derecho. Desde esta perspectiva, cabe prever que, a pesar de la finalidad con la que fueron convocadas -quizás un tanto ingenuamente- por Mariano Rajoy, las elecciones del jueves no sirvan para poner fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La intervención del Gobierno central en Cataluña, según el acuerdo de autorización del Senado, cesará en el momento en que se forme un nuevo Ejecutivo. Pero si el nuevo gabinete no renuncia a la vía de la unilateralidad y a cualquier propósito rupturista, Mariano Rajoy estará obligado a solicitar al Senado la prórroga de la intervención. Por otro lado, en el supuesto de que el Parlamento catalán se muestre incapaz -por la propia división de las fuerzas secesionistas en torno a la necesidad de acatar o no la ley- de investir a un presidente, la aplicación del artículo 155 se mantendrá igualmente.

Es lógico que quienes han demonizado el artículo 155 no estén dispuestos a admitir la conveniencia de prolongar la intervención. Menos comprensible resulta que sus supuestos defensores hayan mostrado tan escasa confianza en sus virtudes. Conviene subrayar que, frente a los temores con los que se abordó la intervención, esta ha tenido unos efectos extraordinariamente positivos. Y no solo por la restauración de la legalidad, que ya es mucho. Durante los últimos cinco años, la Administración catalana había desatendido por completo la gestión ordinaria de las políticas públicas. Todas las energías y esfuerzos se concentraron en construir 'estructuras de Estado', en crear embajadas, en diseñar una formidable maquinaria de propaganda, en intentar ocultar las pruebas de la corrupción sistémica del tres por ciento. Mientras tanto, la prestación de servicios públicos se deterioraba, las infraestructuras se descuidaban y Cataluña se empobrecía. Y todo ello por la corrupción y la incompetencia de su clase dirigente. La intervención estatal a través del artículo 155 ha permitido que la Administración catalana se ponga de nuevo al servicio de los ciudadanos de Cataluña, de sus verdaderas necesidades y de sus problemas reales.

Lo deseable es que esa Administración vuelva a situarse bajo la dirección de un Gobierno elegido por el Parlamento de Cataluña. Pero solo un diagnóstico equivocado sobre las causas que condujeron a la rebelión de septiembre pudo causar el error de pensar que la crisis se resolvería con una intervención limitada temporalmente a unas pocas semanas. Durante mucho tiempo, los poderes públicos catalanes utilizaron sus competencias para inocular el virus del odio a España en la sociedad. Ese virus condujo a la conversión del adversario político en enemigo: quien no es secesionista es franquista. Ese virus es el que explica el inaceptable clima de violencia verbal que se ha vivido en la campaña electoral, con todo tipo de insultos y descalificaciones a los políticos constitucionalistas. Estas circunstancias desaconsejaban la convocatoria inmediata de elecciones.

A pesar de ello, el deseo de los partidos constitucionalistas de limitar la duración de la intervención a un plazo de tiempo incomprensiblemente reducido al mínimo condujo a las elecciones del pasado jueves. Estas han colocado de nuevo a todos los actores en la casilla de salida. El riesgo de que algunos de ellos vuelvan a adentrarse por la senda antidemocrática del incumplimiento de la Constitución y las leyes es algo menor porque saben que ese camino conducirá a una nueva aplicación del artículo 155 y, en última instancia, a tener que responder penalmente por los delitos cometidos. Pero como el comportamiento reciente de muchos actores políticos catalanes ha sido todo menos racional, el futuro político de Cataluña se nos aparece plagado de incógnitas y absolutamente incierto.

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