Gobernar por mínimos

Rajoy no puede limitarse a salvar los presupuestos del 2018 por un voto, la España autonómica necesita más solvencia

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró ayer confiado en alcanzar un acuerdo con Ciudadanos en torno a la rebaja del IRPF que asegure su apoyo a la tramitación parlamentaria del techo de gasto. El Gobierno Rajoy pretende reeditar para 2018 la serie de compromisos que le valieron la aprobación de los Presupuestos 2017, con lo que podría acercarse a la culminación de la legislatura. Pero aunque un Gobierno en minoría necesite recabar el apoyo de otros partidos para dar estabilidad a su mandato, es necesario que los acuerdos se basen en una disposición coherente de las cuentas públicas. Montoro ya advirtió de que su departamento estaba estudiando qué tramos del IRPF podrían pasar a tributar a la baja. Las dificultades surgen al pretender hacer justicia con el fisco y, a la vez, mantener o incrementar la recaudación. El PP, Ciudadanos, el PNV y los grupos canarios están obligados a ser partícipes de una variante más progresiva de la fiscalidad que de paso compense a las rentas del trabajo de los sacrificios que las clases medias han tenido que afrontar durante la crisis. Aunque la seguridad expresada por Montoro ayer no se enfrenta únicamente a la secuencia que va del plan de estabilidad al techo de gasto, y de éste a los Presupuestos 2018. La tramitación de las cuentas para el próximo ejercicio coincide en el tiempo con la discusión inicial sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, y lo hace cuando el Gobierno en minoría del PP trata de apoyarse en Ciudadanos -que no asume responsabilidad directa alguna en la administración autonómica- y en el PNV y los grupos canarios, que debido a la singularidad foral o insular del régimen fiscal y financiero de sus respectivas comunidades tampoco se ven concernidos por el cambio que podría darse para el territorio común. Los pronósticos de crecimiento permiten aspirar a la mejora del sistema tributario en términos de progresividad, y a una suficiencia financiera autonómica acorde con las competencias que asumen las administraciones territoriales. Pero para ello el Gobierno Rajoy tendría que basarse en algo más que ese voto por encima de la mitad de los diputados.

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