Genealogía del plurinacionalismo

Cuando el PSOE empezó a pasear la idea de Estado plurinacional en seguida se recordó que Peces Barba había utilizado la «nación de naciones» al negociar el contenido del art. 2 CE. Es posible que no solo lo hiciera el propio Peces Barba, sino también Jordi Solé Tura, padre fundador designado por el PCE. Ambos eran profesores y estudiosos, y ambos conocían las tesis austromarxistas de Otto Bauer y Karl Renner. Con tales tesis, creo que intentaban conferir pragmatismo a la noción de nacionalidad incorporada a la Norma Fundamental. Al fin y al cabo, tanto Bauer como Renner habían cifrado la autodeterminación de los pueblos del imperio en la conquista de los medios de producción cultural. Esta formulación permitiría dotar de sentido, sin ir más lejos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la diferenciación posterior entre la nación política soberana (la española) y las nacionalidades periféricas con derecho a la autonomía.

Así las cosas, el despliegue de tal derecho tendría que servir para que las nacionalidades del art. 2 CE conservaran y protegieran su acervo lingüístico y cultural. Esto en parte explica que el federalismo español se fuera desarrollando, mediante distintos pactos políticos, en términos de una razonable igualdad organizacional y administrativa. Durante la década de los 80 todas las comunidades autónomas alcanzaron la misma planta institucional: a partir de 1992, con el acuerdo del PP y el PSOE, también dispondrían de un techo competencial homogéneo. Obviamente existían asimetrías, la más importante la derivada de la singularidad foral para Euskadi y Navarra, pero, dejando al margen esta importante cuestión, resultaba claro que las peculiaridades culturales no iban a conducir a diferencias en cuando al estatus político y jurídico de las autonomías.

Pujol entendió que esta operación implicaba una asimilación de la personalidad histórica de Cataluña y, en su famoso discurso ante el Senado en 1994, recurrió a los hechos diferenciales de Cambó para plantear una reconsideración del proceso de igualación autonómica en marcha. A partir de esa fecha es fácil explorar en la literatura científica de nuestro país trabajos que buscaban identificar hechos diferenciales en cada comunidad autónoma: pero como explicó el recordado Gumersindo Trujillo, la reivindicación de los nacionalismos catalán, vasco y gallego no consistía en seguir encontrando diferencias factuales para profundizar en la asimetría competencial, sino en afirmar una diferencia global que permitiera a tales regiones construir un estatuto constitucional particular. No es casualidad que en la Declaración de Barcelona de julio de 1998, el PNV, CiU y el BNG demandaran la necesidad de convertir a España en una confederación en atención a su naturaleza plurinacional.

Desde entonces el plurinacionalismo ha hecho franca fortuna. En lo académico, las lecturas de Caminal, Requejo o Maíz sobre la cuestión han viajado sin solución de continuidad por ejemplo a Latinoamérica. Cuando los actuales dirigentes del PSOE también trataron de justificar el viraje conceptual de Sánchez en las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador, seguramente no sabían que los procesos constituyentes de ambos países estuvieron en gran medida determinados por publicistas y politólogos españoles que habían asesorado a Morales y Correa desde la plataforma política e intelectual que ofrecía el movimiento bolivariano. Resulta paradójico que una idea pensada para resolver el eterno problema nacional español, terminara sirviendo para dotar de legitimidad constitucional al indigenismo emergente.

Parece que al PSOE le espera un largo y complicado viaje para intentar amoldar al federalismo la presunta realidad plurinacional de nuestro país. Lo volvía a recordar Stéphane Dion, político y profesor canadiense, en una reciente entrevista a un medio de nuestro país: mezclar las emociones nacionales con la racionalidad federal es harto complicado. Cuando el centro de gravedad del federalismo es el principio de igualdad, la experiencia comparada nos remite a los modelos de Estados Unidos, Alemania y, aunque pocos lo crean, la propia Canadá. Pero cuando el federalismo busca esencialmente preservar las diferencias mediante la promoción de instituciones identitarias, la cosa concluye como en Bélgica o Bosnia Herzegovina. Quién sabe si nuestro Estado autonómico remite ya a un prudente término medio susceptible de mejora.