Más gasto y menos impuestos

El horizonte electoral de 2019 favorece el giro expansivo a los Presupuestos para este año, con su aprobación en manos del PNV

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto presupuestario para 2018 con medio año de tardanza respecto a las fechas que son habituales para ese trámite. Las dificultades de alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para su votación llevaron al Gobierno a posponer su elaboración definitiva, contando finalmente con el acuerdo con Ciudadanos. Siempre a la espera de que el PNV reconsidere su condición inicial en cuanto a la previa retirada del 155 de Cataluña, o se arbitre una fórmula de gobierno en aquella comunidad que acabe con la vigencia de la intervención sobre la Generalitat. Paradójicamente, un impacto económico menor del temido por la tensión independentista ha permitido al Gobierno situar la previsión de crecimiento en el 2,7% de PIB para este año, lo que facilita el incremento del gasto público y la introducción de rebajas en el IRPF. El horizonte electoral de 2019 favorece tal giro presupuestario, en una expectativa al alza de la recaudación de hasta 210.000 millones de euros; lo que a su vez estimulará la reactivación de la actividad y la generación de empleo. Siempre con el notable contratiempo de que la aprobación de las Cuentas de 2018 por las Cortes tendría lugar, en el mejor de los casos, ya en puertas del verano. Pocas semanas antes de que el Gobierno avance el techo de gasto para 2019. El cuadro final tiene un indudable atractivo social. La rebaja de impuestos a quienes ganen menos de 18.000 euros al año y la exención a los que se sitúen por debajo de los 14.000; la mejora del tratamiento fiscal a las familias con dependientes; la rebaja del IVA del cine del 21% al 10%; la subida del 1,75% en las retribuciones a los empleados públicos; la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza; la mejora de entre un 1% y un 3% en las pensiones más bajas y de viudedad para 6,7 millones perceptores; la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas; el incremento de las becas y de las partidas destinadas a investigación e I+d+i. Una relación de medidas inaplazables que servirán para atenuar la evidencia de que la crisis continúa instalada entre las capas medias y más necesitadas de la sociedad.

CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD. El Gobierno ha calificado los Presupuestos 2018 como de «crecimiento inclusivo». Su intención es doble. Hacer frente a los riesgos de ralentización que pudieran afectar a las economías de nuestro entorno durante éste y el próximo ejercicio, y atender las demandas sociales expresas o latentes más acuciantes, cuando en el plazo de catorce meses el mapa político español va a verse sometido a ese 'test de estrés' que representa la celebración de comicios locales, autonómicos y europeos a la vez. Las perspectivas que maneja el Ministerio de Economía, con su recién estrenado titular Román Escolano al frente, parecen razonables; tanto en cuanto a la subida del PIB como en cuanto al empleo (con el paro bajando al 15%). Las inversiones previstas en infraestructuras como el incremento de las partidas destinadas a autonomías y municipios incentivarán el crecimiento. Pero resulta más que dudoso que sus efectos sean los mismos si el Gobierno no consigue aprobar las Cuentas 2018 y procede a la prórroga de las del año anterior, complementándolas con nuevos créditos por decreto ley. Porque la inestabilidad política o, si se quiere, un clima de provisionalidad institucional en nada contribuirían al cumplimiento de los objetivos que explican el proyecto presupuestario de Rajoy.

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