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Lunes, 7 de mayo 2018, 00:13
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La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que afecta a las de régimen general, impone la revisión de los criterios utilizados cada cinco años, que se han sobrepasado con creces, con lo que los desequilibrios se han acentuado. Según un informe publicado por Fedea en agosto de 2017, con datos de 2015, Valencia, con 2.179 euros por habitante, era la autonomía peor financiada, seguida de Cataluña, Madrid, Andalucía y Murcia, todas ellas por debajo de la media; por el contrario, Cantabria, con 2.906 euros por habitante, era la mejor financiada, seguida por La Rioja, Extremadura y Baleares (los cálculos se efectuaron a competencias homogéneas y por habitante ajustado). La reforma pendiente, que debe negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha de modular los criterios de reparto que definen la solidaridad interterritorial: la población, la dispersión demográfica, el envejecimiento de la ciudadanía, etc. Asimismo, la reforma debería incluir un principio de acuerdo sobre la convergencia fiscal, aunque sea incompleta, en el impuesto de sucesiones y donaciones y sobre la reestructuración de la deuda autonómica de las distintas comunidades.
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