Explicarlo todo

El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno Puigdemont, Jordi Turull, anunció ayer la presentación de una denuncia contra los guardias civiles que procedieron al interrogatorio de tres altos cargos de la Generalitat -Joaquim Nin, Jaume Clotet y Jordi Graells- por su relación con la organización del referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre. Los agentes actuaron, al parecer, como policía judicial. Aunque persiste la incógnita sobre si las citaciones obedecían o no a instrucciones precisas del titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, o respondían a una encomienda judicial más genérica. La decisión que adopte el juzgado asignado para tramitar la denuncia, de admitirla o no, permitirá considerar la pertinencia o la temeridad de la iniciativa. Pero sería de desear que cuantas decisiones y acciones se produzcan por parte de los poderes públicos y de sus servidores en torno al desafío que representa la convocatoria de un referéndum ilegal sean explicadas con el máximo de transparencia posible en cuanto a las razones y a los fundamentos jurídicos que las impulsen. Aunque sea para evitar que la sinrazón secesionista se aproveche del más mínimo desliz u omisión en el funcionamiento del Estado de Derecho.

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