Un exilio indignante

La decisión de Carles Puigdemont de trasladarse junto a cinco de sus ya exconsejeros a Bélgica para tratar de dar visibilidad desde allí a una ficticia 'república catalana' sería un simple desvarío si no estuviera jugando con la dignidad de todos los ciudadanos de Cataluña y de España entera. También con los fundamentos del Estado de Derecho y hasta con la buena fe de miles de seguidores del independentismo. La farsa de llevar a la mitad de su Gobierno a un simulacro de exilio y mantener a la otra mitad en Barcelona daña seriamente la credibilidad de las instituciones a las que dice proteger. Las acusaciones del destituido presidente de la Generalitat contra el Estado constitucional español -al que intenta caricaturizar como un régimen bananero opresor, violento y violador de las más elementales normas democráticas- solo dejan en evidencia a quien las formula. La primera obligación de Puigdemont y de los exmiembros de su Gobierno es comparecer ante la Audiencia Nacional, que les investiga por los presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros. La segunda, aceptar que están fuera de la Generalitat por sus propios errores.

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