Excesiva variedad

Los sueldos de los políticos suponen un material altamente inflamable, tan expuesto a la demagogia que a veces resulta difícil trazar la línea entre lo que debe ser una justa retribución por un servicio público y lo que supone un pago exagerado por ejercer una voluntaria función representativa. En el caso de los alcaldes -la magistratura más cercana al ciudadano-, resulta plausible que reciban una compensación por una dedicación que debería ser completa cuando así lo justifique la dimensión de las ciudadades cuyos ayuntamientos presiden. Nadie duda de la importancia capital de cargos como los que ostentan Manuela Carmena, Ada Colau o, en el caso riojano, Cuca Gamarra. Sin embargo, los ciudadanos pueden contemplar con asombro justificado la extraña variedad de sueldos que retribuyen a los alcaldes y que no parecen guardar relación alguna con el tamaño y los problemas de las ciudades que gestionan. Aunque la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local ya marca unos máximos según la población, sería deseable una mayor regulación que evite esa incómoda sensación de que, en relación con su sueldo, cada alcalde hace de su capa un sayo.

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