Europa de derecho

El Estado español es el socio de la Unión que más expedientes y multas recibe por parte de la Comisión Europea. Acumula 91 avisos de la UE por incumplimiento de sus directivas o por haberlas adaptado incorrectamente, ocupando el primer lugar del ranking. Lo que se vuelve bochornoso cuando las sanciones impuestas en los últimos cinco años a España alcanzan, con 53,90 millones de euros, el 71% del monto total europeo. Algo que no puede justificarse por razones de discrepancia jurídica. Por lo general, cuando alguien incurre reiteradamente en infracciones es porque el coste que le suponen las sanciones es menor al beneficio que obtiene de su comisión. En el Estado de derecho, ninguna instancia de poder está legitimada para actuar según esa lógica; y menos cuando la integración europea se pone en cuestión a cada paso. Es impensable que España pudiera lograr algún beneficio, directo o remoto, mediante el incumplimiento de una u otra norma europea. Sobre todo porque hay un perjuicio inmediato. Si el Gobierno no se siente literalmente concernido por las directivas europeas, las otras instituciones, las empresas y las personas físicas se verán tentadas a incumplir todas aquellas que les resulten incómodas.

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