Espionaje con garantías

La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en que se acoge la protesta de un trabajador rumano que fue despedido por su empresa después de que esta revisase su ordenador y encontrase correspondencia privada en él no es precisamente revolucionaria, ya que persigue un equilibrio entre la privacidad de los trabajadores y el derecho de la empresa a controlar sus recursos. En el caso en cuestión, el espionaje no era en sí ilegítimo, pero se habían traspasado ciertos límites, y en concreto el de no haber avisado previamente al trabajador. En España, no existe una norma concreta para estos casos, pero sí una jurisprudencia elaborada por el Supremo y por el Constitucional que reconoce la capacidad de control que tiene el empresario sobre las herramientas que utilizan sus trabajadores, pero siempre y cuando se cumpla el denominado 'juicio de proporcionalidad', es decir, que esta potestad haya sido comunicada y se haya eliminado, por tanto, la expectativa de privacidad. Los sindicatos españoles están satisfechos con la sentencia de Estrasburgo, pero piden que se elabore una regulación legal. Ciertamente, una norma expresa evitaría las posibles ambigüedades de la casuística.

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