Escucha, compromiso y realidad

En el Partido Popular tenemos la buena costumbre de demostrar nuestros compromisos además de con palabras con hechos. Estamos comprometidos con las personas con discapacidad, aunque nosotros somos de la opinión de que no hay personas con discapacidad sino personas con capacidades diferentes. Por eso somos el primer partido que confió en una persona con discapacidad para ocupar un puesto de responsabilidad en el Congreso de los Diputados, igual que en muchos gobiernos autonómicos y en las administraciones locales. Porque, como ocurre en el caso de las mujeres, este partido no entiende de cuotas y sí de mérito, capacidad y talento.

Y este compromiso se demuestra una vez más en el presupuesto de este año 2017, donde las políticas para el apoyo a las personas con discapacidad cuenta con 9,2 millones de euros, incluyendo el Real Patronato sobre discapacidad que cuenta con 2.6m de euros. Presupuesto dirigido a mejorar sus condiciones educativas y laborales, a implementar programas de accesibilidad universal, por ejemplo a través de la Fundación ONCE, y a avanzar en las nuevas tecnologías en accesibilidad hasta la vida independiente.

En este sentido, el Partido Popular, allí donde tenga responsabilidades de Gobierno seguirá legislando teniendo muy presente la realidad de la discapacidad, superando la trasnochada visión paternalista para trabajar con ellos y favorecer su progresiva incorporación en todos los ámbitos, muy especialmente en los órganos de las administraciones donde se toman las decisiones que les afectan y por supuesto en el mercado laboral, porque así todos ganamos.

Sobre el mercado laboral, una de las vías fundamentales para favorecer su incorporación y conseguir su anhelada independencia en la medida de sus posibilidades, los datos son alentadores y en los últimos cinco años se ha producido, y se sigue produciendo, un incremento del empleo para personas con discapacidad, a un ritmo del 19 % anual.

Nunca en la historia reciente de la democracia ha crecido el empleo de personas con discapacidad como está creciendo ahora. Y eso es gracias a todos, gracias a los empresarios, que son los que crean empleo y a las organizaciones de personas con discapacidad, que también crean empleo a través de los centros privados. Por supuesto, es gracias a los trabajadores con discapacidad, pero también gracias al Gobierno del Partido Popular, que en la reforma laboral del año 2012, que muchos se han encargado de demonizarla, recuperó las medidas estatales de fomento del empleo de personas con discapacidad que habían sido derogadas en el año 2011 por el Gobierno del Sr. Zapatero.

Sin olvidarnos de la sociedad, de la solidaridad de los españoles y las personas que pagan impuestos en España, ya que es la mayor demostración individual, voluntaria y anónima de ayuda a las personas que más lo necesitan. En este caso, a través de las subvenciones de las organizaciones de personas con discapacidad con cargo al 0,7 % del IRPF, las cuales en los últimos años se han incrementado y en algunos casos hasta se han duplicado desde el último año, 2011, en que gobernó el Partido Socialista.

Pero hoy todos tenemos que estar de enhorabuena con la publicación el pasado 29 de junio de la ley 4/2017. Con la nueva redacción de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se acaba con la inseguridad jurídica que podría producir una incorrecta interpretación del artículo 56 del Código Civil. Acabamos con una discriminación histórica para con las personas con discapacidad que se producía antes de la reforma del 2015. Atendemos una demanda social que clamaba por la creación de un régimen legal favorecedor para la prestación del consentimiento y la posterior tramitación del matrimonio civil. Estamos de enhorabuena porque hemos sabido escuchar a las organizaciones de personas con discapacidad.

Agrademos desde aquí el trabajo continuo y permanente del CERMI y de todas las organizaciones de personas con discapacidad. Estamos de enhorabuena por el consenso obtenido en momentos tan difíciles. Hemos conseguido consenso en ambas cámaras para aprobar por unanimidad una reforma legislativa que reconoce derechos a quienes no los tenían hasta ahora.

Trabajo conjunto que tenemos que poner en valor, de hecho, hace poco tuvimos la visita del presidente del EDF, el Cermi europeo, y de la directora general del Cermi, Catherine Norton, que afirmó literalmente: «España es un ejemplo para el resto de Europa en materia de avances de discapacidad y el resto Europa tiene que seguir el camino y la senda que ha marcado España en materia de discapacidad».

Pero esta no es la única iniciativa legislativa en la que trabajamos desde el Partido Popular con la meta puesta en garantizar una igualdad real y efectiva para las personas con discapacidad. Seguimos avanzando en la defensa del derecho al voto de las personas con discapacidad. Ya se dio trasladado de esta propuesta a subcomisión que estudia la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) con el objetivo de que en las próximas elecciones ninguna persona con discapacidad se vea privado de su derecho constitucional al voto, salvo en aquellos casos realmente excepcionales de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento.

Hoy podemos sentirnos todos orgullosos de esta unanimidad, porque hemos sido capaces de anteponer los intereses generales, en este caso de las personas con capacidades diferentes, por encima de nuestras ideologías políticas. Hoy me siento orgullosa del noble ejercicio de la política a favor de las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad.

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