Escenificación secesionista

Puigdemont no puede pretender que el Congreso le brinde una tribuna para anunciar la desconexión vía referéndum ilegal

La insistencia de Carles Puigdemont en querer comparecer ante el Congreso de los Diputados para exponer sus propósitos solo puede explicarse por que el máximo responsable de la Generalitat crea haber encontrado en el cruce de misivas con la presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, otra oportunidad de dar realce al proyecto independentista señalando la cerrazón de las instituciones centrales del Estado constitucional. Claro que la agenda secesionista se obstina tanto en alejarse de los procedimientos democráticos que el ejercicio del victimismo no da más de sí y únicamente sirve para la reafirmación de los convencidos. Las instituciones de la Generalitat son Estado, y sus relaciones con las demás instancias del mismo están tasadas, como no podría ser de otra forma. La primera autoridad del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat, tiene su ámbito ordinario de expresión en el Senado, en las sesiones que la Cámara de representación territorial convoca para el encuentro entre las autonomías. La comparecencia ante el Congreso de representantes de instituciones autonómicas está prevista para la presentación de proposiciones de ley que el parlamento correspondiente eleve a las Cortes Generales, en especial cuando se trate de un proyecto de reforma de un estatuto de autonomía. La solicitud de Puigdemont se sitúa al margen de lo previsto en la Constitución y en el Reglamento del Congreso, porque no solo pide comparecer sin someter una propuesta concreta a la consideración del Parlamento español, sino que se hace patente que su intención es, precisamente, soslayar el juicio que sus planes les merezcan a los diputados y a las diputadas. La pretensión del presidente actual de la Generalitat se sale del procedimiento ordinario por el que se rigen las relaciones entre las instituciones del Estado, y no puede justificarse por los anuncios de ruptura secesionista que se suceden en nombre de Cataluña. Todo lo contrario, son esos mismos anuncios los que exigen la máxima normalidad en el cumplimiento de las previsiones constitucionales y estatutarias. Porque la petición de Puigdemont no solo es ajena formalmente a estas últimas, sino que responde a una clara intención de fondo de vulnerarlas o, cuando menos, desbordarlas. Hasta el presidente independentista de la Generalitat debería comprender que las Cortes Generales no pueden brindarle una tribuna para que anuncie la desconexión secesionista vía referéndum unilateral.

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