La enseñanza en catalán

Conviene evitar que la disputa partidaria entre sin miramientos en el ámbito del uso de las lenguas cooficiales en la educación

El anuncio del Gobierno de que piensa extender la aplicación del 155 a la implantación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza no universitaria en Cataluña ha suscitado la crítica de todas las fuerzas políticas, con la lógica excepción del PP y la previsible de Ciudadanos, y la contestación de sectores representativos de la comunidad educativa catalana. El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que en virtud del 155 es responsable de esa misma cartera en la Generalitat, reivindicó ayer la libertad de elección de los padres sobre la lengua en la que preferentemente deberían estudiar sus hijos. Pero no precisó las medidas que la intervención que pesa sobre el autogobierno de Cataluña adoptaría para hacer efectivo tal propósito. Los motivos expuestos para aplicar el 155 no se hacían eco de que la inmersión lingüística en catalán vulnerara la legalidad junto al desbordamiento del marco jurídico por parte de los planes secesionistas. Cabría especular sobre si el propio modo en que el PP y su Gobierno han ido anunciando su intención podría formar parte, al mismo tiempo, de la conminación al independentismo mayoritario para que dé lugar a un Gobierno viable y de la pugna en clave identitaria que los populares mantienen con Ciudadanos. Pero convendría restar carga politiquera a una cuestión tan sensible. Desde el punto de vista constitucional y estatutario, corresponde a la Generalitat ordenar su sistema educativo y sus recursos. El enunciado del derecho a optar por el castellano como lengua vehicular en la enseñanza ha de ser estudiado y verse acompañado de una oferta de matriculaciones que puedan materializarse con criterios de integración y proximidad al domicilio del alumnado interesado. Podrá objetarse que la inmersión lingüística en catalán, vigente desde hace tantos años, ha condicionado las decisiones de las familias y las dotaciones de profesorado según su aptitud en la lengua propia. Pero el posible sesgo en la narrativa académica no se encuentra en la lengua de transmisión, sino en su contenido. También por eso puede ser absurdo suponer que una mayor presencia del castellano en el sistema educativo catalán corregiría las querencias de futuras generaciones.

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