Eléctricas bajo control

El Gobierno ha sometido a información pública un real decreto que regulará el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica, que a partir de ahora requerirá autorización gubernamental para preservar así el interés general y la seguridad en el suministro, y para evitar impactos perturbadores en el precio que hayan de pagar los consumidores. El documento en ciernes es evidentemente consecuencia de lo sucedido en Garoña, que, aunque ha afectado a una central de pequeño tamaño, podría sentar precedente. Los propietarios de la central burgalesa, Endesa e Iberdrola reunidos en Nuclenor, que habían conseguido autorización para mantener activa la central hasta 2013, decidieron cerrarla un año antes, por lo que fueron multados en su día. Posteriormente, solicitaron la reapertura, para declinar llevarla a cabo después en las condiciones exigentes que impuso el Consejo de Seguridad Nuclear, y el Gobierno ha terminado decretando el cierre de la nuclear. Es difícil objetar inconvenientes a una medida preventiva contra potenciales abusos, pero parece impropio de un sector industrial maduro tener que prevenir las marrullerías. Si de verdad existiera un mercado de electricidad abierto y competitivo, tales cautelas no tendrían sentido porque los operadores pugnarían entre sí por ofrecer la electricidad más barata y segura.

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