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Domingo, 20 de mayo 2018, 00:31
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La salida del atolladero catalán tras la intentona independentista pasaba por la reintegración de los soberanistas al marco constitucional y por la recuperación de las instituciones de la mano de un candidato a la Generalitat sin problemas judiciales y con cierta capacidad de integración y transversalidad. Quim Torra, el candidato «provisional» designado por Puigdemont como presidente «interior», no pretendía lo primero y tampoco responde al perfil requerido para lo segundo: su rastro bibliográfico es el de un peligroso radical con rasgos xenófobos y una hostilidad étnica al pluralismo lingüístico y a todo lo español. Torra ha sido claro: el presidente real es Puigdemont, el Parlament se someterá al Consejo de la República, este gobierno no hará autonomismo, su propósito es abrir un proceso constituyente para instaurar la república, y una de sus primeras decisiones será nombrar a un comisionado especial para «reparar los daños» causados por el 155; entre otras medidas, restablecerá y ampliará la red exterior de la Generalitat, ya que uno de sus objetivos explícitos es mantener la campaña de intoxicación internacional. No se ha molestado en descender al programa electoral concreto, lo que demuestra que no persigue más que la secesión. El candidato habló con escaso énfasis de promover el diálogo con España, citó a Felipe VI -su denuncia de que se persiguen las ideas es falaz, como sabe toda Europa- y propuso un diálogo con la UE. Ciudadanos, el PSC, Catalunya en Comú-Podem y el PP criticaron con dureza este intento de reforzar el proceso soberanista, ignorando la pluralidad catalana; descalificaron al candidato por su obscena incitación al odio lingüístico y racial; y en todo caso quedó de manifiesto que si Torra es investido no sólo no se avanzará hacia la normalización sino que probablemente se regresará a la fase más enconada de la confrontación. Y en cuanto al 155, el levantamiento de la intervención al formarse gobierno, que fue acordado por el Senado, deberá realizarse al mismo tiempo que se alzan nuevas cautelas para impedir cualquier deriva y seguir esgrimiendo la Constitución como rompeolas del fanatismo y de cualquier nueva tentativa de ruptura.
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