La descentralización pendiente

El proceso de descentralización del Estado español ha ignorado en buena medida la instancia más cercana a las personas, los ayuntamientos. Las dificultades económicas derivadas de una financiación local insuficiente agravada por la crisis de la construcción han mermado las arcas de los municipios, pero esto no impide que se mantenga o se incremente el dinamismo de unos entes que (en el mejor de los casos) se caracterizan por la proximidad y una forzada eficiencia. La escasez de recursos, más dura aun a raíz de los últimos planes de austeridad impuestos por el Gobierno, y una legislación que castiga a quienes cumplen con los objetivos de déficit, deuda y estabilidad presupuestaria, está conviviendo con un renovado protagonismo político y social de unos municipios que desde sus consistorios y sus organizaciones ciudadanas se están atreviendo a plantear propuestas y debates que, a menudo, sobrepasan la temática local.

En 1992 el Tribunal Constitucional falló a favor de las autonomías y de los ayuntamientos en lo referente a las competencias sobre urbanismo. Esta sentencia, una coyuntura económica favorable y la incipiente burbuja inmobiliaria aportaron a los municipios un incremento de los ingresos que permitió cuadrar numerosos presupuestos y aparcó la necesidad de renovar un sistema de financiación local ya superado. Entre un 25% y un 35% de los recursos totales de las grandes ciudades han llegado a depender del sector de la construcción. Durante este periodo de prosperidad, los ayuntamientos asumieron tareas propias de otras administraciones en ámbitos como la sanidad, la educación, la cultura, la seguridad, los servicios sociales, y contribuido decididamente a la modernización, la extensión de las nuevas tecnologías y el crecimiento económico del conjunto del Estado. Por la simple razón de que eran la primera institución a la que los vecinos acudían ante cualquier necesidad, los ayuntamientos se han visto obligados a dar respuesta a numerosas situaciones que por competencias y recursos no eran de su responsabilidad.

Los municipios se han erigido como un sustento que ha tejido una red de ayudas y servicios que administraciones de ámbito superior no han querido asumir por dejadez o desconocimiento. Desde la FEMP entendemos que las autonomías y el Estado tendrían una deuda histórica con los ayuntamientos por obligaciones suyas que estos les habrían ahorrado. Hasta hoy, se han aprobado diversas modificaciones en la financiación autonómica, ampliado en cada una de ellas los recursos traspasados, pero no ha habido ni una sola reforma profunda en la financiación local, aunque se haya prometido en numerosas ocasiones. El 9 de marzo de 2010, el Senado aprobó por asentimiento una iniciativa que instaba al Gobierno de España a presentar un proyecto de ley de gobierno local y aprobar un nuevo sistema de financiación para los ayuntamientos, pero de aquello nada se supo. En ese mismo año, se limitó la capacidad de endeudamiento hasta 2012, aunque la presión municipal consiguió retardar la aplicación de la medida hasta el 1 de enero de 2011, a pesar de que la realidad es que los ayuntamientos concentran un porcentaje ínfimo de la deuda pública total.

Tras el cambio de Gobierno en 2011, llegó la LRSAL (Ley para la racionalización y sostenibilidad de las Administraciones Locales), que estrangula a los ayuntamientos a través de una rígida regla de gasto y no permite reinvertir el total del superávit, que el año pasado alcanzó los 7.000 millones de euros. Una Ley que, en materia de redefinición de competencias, nació muerta, pues el TC anuló algunos de sus objetivos dejando en vía muerta la pretensión de recortar la autonomía municipal en la prestación de servicios públicos, como los concernientes a políticas sociales. Por tanto, ni la financiación está resuelta, pues seguimos en torno al 12% de participación en los tributos del Estado (muy lejos del famoso 50-25-25), ni la definición de competencias y la dotación de recursos económicos para prestar buenos servicios se ha materializado en ningún acuerdo.

Además de todo ello, en materia de deuda, el 15 de diciembre de 2017, el Banco de España publicó la información trimestral sobre deuda de las Administraciones Públicas correspondiente a julio, agosto y septiembre de ese año. Y nuevamente, las corporaciones locales fueron las que arrojaron el mejor dato. El conjunto de ayuntamientos y diputaciones han reducido en algo más de 4.000 millones de euros la deuda respecto al mismo trimestre de 2016 (un 11,9% menos). Sobre la deuda total de las Administraciones Públicas (1.136.171 millones de euros) la deuda local representa apenas un 2,7%. Los ayuntamientos somos la única administración que cumple los parámetros financieros fijados después de habernos apretado el cinturón más que nadie. Hemos contribuido más que ninguna otra administración al saneamiento de las cuentas públicas del Reino de España frente a Bruselas, con rigor y buena gestión, acumulando cerca de 28.000 millones de euros de superávit desde 2012.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que ocupo una vocalía en su Junta de Gobierno, estamos reivindicando que se negocie la financiación local de forma paralela a la de las comunidades autónomas toda vez que el grupo de expertos constituido para avanzar líneas de lo que podría ser ese futuro modelo de financiación local, ya ha presentado sus informes. En todo caso, y a la par que las propuestas de los expertos, el principal objetivo es, vuelve a ser, una mayor participación de los Ingresos del Estado: aquella reivindicación no satisfecha del 50-25-25. En definitiva, es necesario completar el proceso de descentralización y tratar a los ayuntamientos como lo que somos, parte de ese Estado, reforzando nuestra autonomía, tal y como dice el artículo 137 de la Constitución española.

Nuestra reivindicación, la de todos los alcaldes y alcaldesas, sin importar el color político, es legítima y está justificada, porque los 46 millones de españoles tienen, en primera instancia, una administración referente que supone una ventanilla única donde acudir: los ayuntamientos. Confío en que el Gobierno de España nos escuche, empatice con las necesidades de nuestros vecinos y empecemos las reformas de nuestra administración por lo más cercano.

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