Derecho restablecido

No es posible romper con la legalidad ni desbordarla, porque es en ella en la que los ciudadanos encuentran seguridad y certezas

El independentismo catalán ha tratado de impulsar una espiral de desafíos contra la legalidad con la esperanza de que las reacciones por parte de los poderes centrales del Estado acabasen suscitando entre los ciudadanos de aquella comunidad mayores sentimientos de simpatía o comprensión hacia el rupturismo. Es prematuro para saber en qué medida la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas ha podido modificar el estado de opinión entre los catalanes en cuanto a su identidad subjetiva y en cuanto a sus preferencias respecto a la organización territorial del país. Pero no sería aventurado suponer que la dialéctica entre iniciativas de ruptura y medidas de contención ha podido afianzar en sus posiciones a los más convencidos del secesionismo, dispuestos a proseguir en la escalada de la tensión como vía para conducir las relaciones entre la Generalitat y las demás instituciones del Estado a una situación cada vez más insostenible. Sin embargo, los hechos evidencian que no resulta tan sencillo provocar una ruptura fáctica y unilateral en un Estado compuesto y democrático. Cada acción institucional dirigida a quebrar el principio de legalidad en nombre de un supuesto mandato ciudadano mayoritario se ve contrarrestada por reacciones políticas y judiciales que restablecen esa misma legalidad sin que ni siquiera los más fervientes defensores de la república catalana puedan sustraerse a la vigencia cotidiana de la Constitución y el Estatuto y al cumplimiento de las resoluciones judiciales. El 1 de octubre está tan cerca que ninguna de las hipótesis que puedan barajarse sobre posibles nuevos desafíos a la legalidad podrá desbaratar el funcionamiento de los mecanismos constitucionalmente previstos para asegurar la convivencia según normas acordadas siguiendo procedimientos democráticos y legales. Ni siquiera la eventualidad de que una mayoría parlamentaria acabe declarando la independencia de Cataluña quedaría fuera del campo de acción del Estado de Derecho, convirtiéndose así más en un pronunciamiento simbólico impugnable y de segura anulación que en el inicio de algo parecido a la fase definitiva de la secesión. La confusión reinante es un caldo de cultivo apropiado para el independentismo, en tanto que contribuye a instalar en el ambiente la sensación de que todo es posible. Cuando en realidad se está demostrando que no es posible romper con la legalidad ni desbordarla, porque es en ella en la que los ciudadanos encuentran seguridad y certezas.

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