Derecho al error

Las administraciones siempre barren para casa y olvidan la presunción de inocencia del contribuyente

JUAN CARLOS VILORIA

Recibir una carta certificada de cualquier departamento de la administración pública provoca en el 99% de las ocasiones un vuelco al corazón. Ya sea de la Agencia Tributaria, de la Hacienda Foral, de los servicios municipales de recaudación, de la Inspección de trabajo o del ministerio del Interior. Antes de abrirla, transpiran anormalmente las manos, el estómago se queda vacío, la mente en blanco. Anormales sensaciones de frío y calor invaden el cuerpo. Y ¡ay de ti si pretendes conciliar el sueño! Vagarás por el lecho como un náufrago imaginando los peores escenarios intentando recordar qué tasa no has abonado en tiempo y forma o qué error cometiste al rellenar la declaración de renta, el IVA trimestral, el seguro de autónomos, la tasa de carruajes. O si te han vuelto a reclamar con intereses de demora la multa en aquel pueblo en fiestas donde san Pedro perdió las llaves y aparcaste en la plaza donde habría vaquillas por la mañana.

Y para más INRI a los que más les tiemblan las piernas es a los cumplidores. A los que están machacados por los depredadores fiscales de las administraciones. Los jetas se fuman un puro. Se toman un gin-kas y pasan olímpicamente. A esos, seguro que les va bien. El hecho es que las administraciones siempre funcionan al servicio de sí mismas. Buscando su comodidad, olvidando la presunción de inocencia del contribuyente, poniendo las cosas fáciles para el funcionario de turno pero imposibles para el ciudadano. Si se te ha pasado una fecha en el pago del impuesto municipal o te has equivocado al hacer la autoliquidación de un impuesto sobre la plusvalía, date por «...dido». No hay escapatoria. Y no te digo el viacrucis de autónomos y pymes. Rellenar una y otra vez formularios.

La administración genera una y otra vez, informes, expedientes, cuestionarios, cuyo destino nadie sabe. Pero no se te ocurra equivocarte. Por eso me ha sorprendido, más bien alucinado, un proyecto de ley que acaba de poner en marcha la administración francesa de Emanuel Macron que se llama en lenguaje doméstico: «Del derecho al error». Técnicamente: «Por un estado al servicio de una sociedad de la confianza». Increíble. El principio moral que ilumina esa legislación es que si el contribuyente se equivoca, falla, yerra, en su relación con la administración, le toca a ésta demostrar que usted no lo ha hecho de mala fe. El cambio es revolucionario, porque se basa en la idea de que la administración no es el enemigo del ciudadano o su implacable perseguidor, sino que está a su servicio para acompañarle y aconsejarle. El texto del borrador de esa ley que espero algún gobierno español copie rápidamente como copian otras praxis es: «Toda persona que actúa de buena fe puede beneficiarse del derecho al error». Es decir. Que cosa tan elemental: todo ciudadano en sus relaciones con la administración tiene el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser aconsejado y no acosado. Sencillo y revolucionario.

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