En defensa de la prisión permanente revisable

En defensa de la prisión permanente revisable

«En el PP entendemos que no tiene sentido la supresión de un instrumento tan útil y eficaz para combatir la criminalidad y que está incorporado al ordenamiento de países con democracias consolidadas como Francia, Italia o Alemania»

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tramita, desde el pasado mes de octubre, una Proposición de Ley presentada por el PNV para anular la figura penal de la prisión permanente revisable. Esta pena fue introducida en nuestro Código Penal en 2015, gracias a la mayoría del Partido Popular, para aplicarla de manera extraordinaria en casos de delitos especialmente graves. La iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable cuenta con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos y de los independentistas y salió adelante gracias a la abstención de Ciudadanos.

La posición del Partido Popular sobre la máxima pena privativa de libertad que recoge el Código Penal es clara y firme. Apoyamos y defendemos su permanencia en nuestro ordenamiento para responder a los delitos de extrema gravedad, como asesinatos precedidos de violación, asesinatos en serie, asesinatos de menores de 16 años y de personas con especial vulnerabilidad, entre otros supuestos.

«La prisión permanente va a evitar que asesinos que salen a los pocos años reincidan», la frase es de Antonio del Castillo, padre de Marta. «Por respeto a los familiares de las víctimas, por respeto a los ciudadanos y por respeto a la gente que ha fallecido inocente e injustamente a manos de criminales sin consideración ninguna, se debería mantener la prisión permanente revisable», así se expresa Juan José Cortés, padre de Mari Luz. «Estoy a favor de la prisión permanente revisable, para nada me gustaría que deroguen esta medida» argumenta Ruth Ortiz, madre de Ruth y José. Otras víctimas como Juan Carlos Quer, padre de Diana, o Rocío Viéitez, madre de Amaia y Candela, también han alzado la voz para evitar que se derogue la prisión permanente revisable. Se suman al clamor de una mayoría amplísima de españoles a quienes los promotores de la derogación de esta figura y sus cómplices parlamentarios se niegan a escuchar.

Una reciente encuesta de GAD3 subraya que el 79% de los españoles está a favor de la prisión permanente revisable, en línea con los resultados que arroja encuestas similares como la de NC Report que reflejaba que esta medida cuenta con más respaldo en la franja de edad que va desde los 18 hasta los 29 años.

El Partido Popular, espoleado por la lección de dignidad que ofrecen las víctimas de los crímenes más sobrecogedores de la historia reciente de España, va a dar la batalla para defender la permanencia de esta figura en nuestro Código Penal y rechazar la pretensión de algunos de derogarla. Lo hará en las Cortes Generales, en los parlamentos autonómicos y en cada Ayuntamiento donde tenga representación, también en los riojanos donde presentaremos mociones al respecto.

La pena de prisión permanente revisable, que desde su entrada en vigor en julio de 2015 sólo se ha aplicado al parricida de Moraña que asesinó a sus hijas de 4 y 9 años, no es una cadena perpetua. Así, se establece que cumplida una parte de la condena, que puede oscilar entre los 25 y los 35 años, el tribunal revisará de oficio cada dos años si la prisión debe ser mantenida o el preso puede salir en libertad, respetando así su derecho constitucional a la reinserción. Esta figura jurídica es plenamente constitucional, de hecho está avalada por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el Partido Popular entendemos que no tiene sentido la supresión de un instrumento tan útil y eficaz para combatir la criminalidad y que está incorporado al ordenamiento de países con democracias plenamente consolidadas como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca.

Sobran los motivos para que algunos partidos recapaciten, rectifiquen sus errores y se sitúen al lado del Partido Popular y de la mayoría de españoles que defienden que la prisión permanente revisable continúe en vigor.

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