Cuenta de pago básica, por favor

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ DE AUSEJO

El 1 de diciembre de 2013, este mismo periódico publicó el artículo 'Un cuento español', también escrito por quien suscribe. En resumen, venía a denunciar el abandono de medios financieros en que una persona queda en España cuando se queda sin recursos, y hasta con deudas. Resumiendo:

Juan y su esposa Economía Española compran piso en 2006 mediante una hipoteca por 200.000 euros, a razón de 1.000 euros al mes. Ellos solo tuvieron que firmar, el banco se ocupó de la tasación, notaría, registro, impuesto, de todo. Y en 2008 sucede la hecatombe: Economía enferma, y Juan se queda en la calle con dos años de paro. Llegan los impagos y el desahucio, tienen que ir a vivir a casa de los padres de Economía y, tras la subasta, todavía deben al banco 85.000 euros.

Por otra parte, el banco, ante el inminente peligro de quiebra, recibe a costa de todos los españoles varios miles de millones de euros que no devolverá nunca.

¿Y Juan? Ya sin paro, solicita una subvención de supervivencia. El paro, por si las moscas, lo cobraba en la cuenta de sus suegros. Pero ahora le dicen que tiene que abrir una cuenta a su nombre, cosa imposible de hacer en un banco español al figurar como deudor en el CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España. Al final, un banco alemán con oficinas en España le abrió la cuenta. El día 10 de cada mes, a las 9 en punto, Juan se presenta en ese banco a retirar todo el dinero, antes de la llegada de los buitres carroñeros.

En Bruselas, a sabiendas de que este problema lo tienen muchos residentes en la UE por diversos motivos, promovieron una directiva que aliviara a todos estos afectados. Ni que decir tiene que el mayor número de estos son residentes españoles. Así, el 18 de julio de 2011, la Comisión Europea emite la Recomendación 2011/442/UE, sobre el acceso a una cuenta de pago básica. Tras todos los trámites, el 23 de julio de 2014, se emite la directiva 2014/92/UE, sobre servicios bancarios y el acceso a cuentas de pago básicas (CPB). Estos son sus principios:

Garantizar la CPB con independencia de las circunstancias financieras actuales o anteriores. No discriminación por razón de nacionalidad o lugar de residencia. Solo se puede tener una por Estado. Deben ser ofertadas por tantas entidades como sea posible. No deben circunscribirse a la utilización en línea, pues sería un obstáculo para los consumidores sin acceso a Internet. A fin de garantizar que las CPB estén a disposición del mayor número posible de consumidores, deben ofrecerse de forma gratuita o a cambio de una «comisión razonable».

Las operaciones que pueden hacerse con las CPB deben incluir: realizar depósitos en cualquier forma; percibir rentas o prestaciones; recibir transferencias; retirar efectivo, ya sea en ventanilla o en cajeros automáticos; compra de bienes y servicios y pago de facturas, por adeudo en cuenta o transferencia; pago de impuestos; utilizar la tarjeta de pago; y otros servicios adicionales esenciales para el consumidor según las circunstancias del Estado de que se trate.

Para acceder a una CPB no debe ser necesario adquirir servicios adicionales. No obstante, si se pactan, deberán ser con una «comisión razonable». Son los Estados miembros los que deben determinar qué se entiende por «comisión razonable». Los Estados miembros velarán especialmente por los consumidores vulnerables que no dispongan de cuenta bancaria, incluso proporcionándoles la información y el asesoramiento que fuere necesario. El glosario de operaciones debe ser claro, sin tecnicismos ni ambigüedades.

Anualmente, se facilitará gratuitamente al consumidor un informe detallado de todas las comisiones, intereses crediticios o de descubierto, incluyendo un índice de costes totales. Cada Estado facilitará la creación de sitios web independientes de comparación de costes entre entidades. Cada dos años, y por primera vez el 18 de septiembre de 2018, los Estados miembros deben recopilar estadísticas anuales fiables sobre el funcionamiento de las CPB. Y la Comisión emitirá un informe de todo ello. Vamos, una maravilla.

La fecha límite para dar cumplimiento a esta directiva era el pasado 18 de septiembre de 2016. Cinco años después de la entrada en vigor de la directiva, deberá realizarse un reexamen de la misma, a fin de tener en cuenta la evolución del mercado y nuevos servicios que hayan podido surgir.

La primera conclusión que se saca de la anterior información es que cumplimos nuestra tradicional desidia administrativa: llegamos muy tarde. Y la segunda, que el ciudadano de la calle se encuentra indefenso ante los poderosos grupos de presión, que son los que detentan el poder en realidad; y este asunto perjudica a la banca. Y por otra parte, que la «Consulta pública previa», como «anteproyecto de ley», es una tomadura de pelo: no sirve ni de exposición de motivos.

En España habrá que añadir algo imprescindible, un tope inembargable expresado en un múltiplo del salario mínimo, porque si no, la cuenta no serviría de nada.

En fin, si mi padre, bancario toda su vida, levantara la cabeza, tras el susto, lo tendría muy claro: hay que volver a tratar a depositantes y prestatarios como clientes, como activo básico de toda empresa y no como incautos a los que desplumar, porque sin ellos no hay negocio. Lo incomprensible es cómo hemos llegado a esto.

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