El coste del conflicto

Las empresas huyen de Cataluña, se paralizan las inversiones y se frena la actividad económica por la incertidumbre

Caixabank anunció ayer que el traslado de su sede social a Valencia no es temporal. Y muy probablemente tampoco tienen intención de volver la mayor parte del millar largo de empresas que ya se han marchado de Cataluña para escapar de la inseguridad jurídica provocada por la deriva institucional del independentismo. Una marcha que se convertirá en definitiva si la inestabilidad no se resuelve en un corto periodo de tiempo. La deserción creciente de una parte del tejido empresarial catalán es fruto de un temor justificado a un futuro impredecible si el Govern y el Parlament siguen avanzando en su proyecto independentista e inconstitucional. No solo se marchan las empresas -por ahora, la sede social y fiscal-, es que las inversiones que podrían llegar a Cataluña se paralizan y buscan otras zonas más seguras. Y el coste del conflicto ya se está notando en la actividad económica, en la caída de las reservas turísticas en más de un 20%, en el descenso de las ventas de grandes superficies o en el estancamiento del aeropuerto de El Prat, que de crecer un 10% ha pasado a un mínimo incremento del 0,1%. Los analistas y las agencias de calificación han avisado de que si la incertidumbre se prolonga, habrá un impacto «muy grave» en la inversión, en la actividad y en el empleo. El Govern y, en concreto, Oriol Junqueras, vicepresidente económico, deberían estar muy preocupados por la huida empresarial, en lugar de intentar minimizar públicamente el problema. Ya ni siquiera se trata de insistir en que una Cataluña independendiente estaría fuera del euro y no podría acceder a financiarse en los mercados porque su deuda se considera bono basura, es que Cataluña en la actualidad está desapareciendo de los planes económicos de cualquiera multinacional; más de la mitad de los inversores internacionales la han descartado como destino de sus fondos. La preocupación invade a los empresarios. El traslado de Caixabank, Sabadell, Planeta o Codorníu, por citar sólo algunas, y que otra empresa emblemática del poderío industrial catalán como Seat se esté planteando irse si peligra la seguridad jurídica son ejemplos bien claros de lo que se están jugando. Los catalanes fueron engañados por los soberanistas cuando estos les aseguraron que la independencia de Cataluña no sólo no tendría efectos económicos negativos sino que les proporcionaría más riqueza y bienestar. La realidad es otra, y hoy, cuando las consecuencias de la tentativa secesionista están bien a la vista, es hora de rectificar. En manos de Puigdemont queda.

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