Continuidad para Rajoy

El techo de gasto aprobado ayer permite sacar a nuestro país del déficit excesivo, pero no debe impedir el debate sobre los impuestos

El Gobierno logró que el Congreso aprobara los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto para 2018 prácticamente con la misma mayoría parlamentaria con que sacó adelante las cuentas de este año. La coincidencia entre el PP, Ciudadanos, el PNV y los grupos canarios -aun con la abstención de Nueva Canarias- parece consagrarse como garantía de continuidad de la presente legislatura, dado que la votación de ayer presupone que se reeditará en la tramitación de los Presupuestos Generales para el próximo ejercicio. Sería reduccionista concluir que esa coincidencia responde únicamente al interés de las formaciones nacionalistas que secundan en este punto al Gobierno en obtener ventajas territoriales, aprovechando la situación de minoría en que se encuentran los populares. La estabilidad política y la solvencia económica son también valores que comparten esas fuerzas, y que no deberían desdeñar el resto de las formaciones, en especial el PSOE. Ayer el Congreso fijó en 119.834 millones de euros el máximo de gasto para 2018, incrementando en 1.497 millones (1,3%) el techo de 2017. El objetivo inmediato es lograr que nuestro país deje de verse penalizado por mantenerse incurso en el Procedimiento de Déficit Excesivo desde 2009, para que aumente así la confianza exterior y la doméstica en la marcha de nuestra economía. La persistencia de muchos de los efectos sociales de la crisis, incluidos la precariedad y el abaratamiento de los puestos de trabajo, plantea problemas de cohesión y de una razonable redistribución del crecimiento, pero no puede negar éste ni los beneficios que aporta al conjunto de la sociedad. Sin embargo, hay un aspecto que no puede soslayarse, y que estuvo presente en el pleno de ayer en las intervenciones de los grupos que votaron en contra del cuadro económico del Gobierno, cual es el capítulo de los ingresos. El acuerdo alcanzado entre Montoro y Ciudadanos, después de anunciar que el Ministerio de Hacienda trataba de identificar los tramos o situaciones susceptibles de modificación en el IRPF, demuestra que ese no tiene que ser un terreno vedado o sujeto únicamente a componendas simbólicas. La fragmentación partidaria dificulta una reflexión compartida sobre el futuro tributario; pero por eso mismo es necesario evitar que se convierta en tabú, sobre todo cuando la evasión y la elusión fiscal lastran nuestra economía.

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