Contener la respiración

La presión de la ANC desde fuera del Parlament y la de la CUP desde dentro explican lo que sucede hoy en Cataluña

El pleno del Parlamento de Cataluña despejará hoy la incógnita que contiene la respiración de todo el país. Sabremos si, al final, el independentismo gobernante trata de ser consecuente con sus propios anuncios u opta por aparcar la Declaración Unilateral de Independencia. Un secesionismo que también podría optar por la variante y por una proclamación rebajada de tono y exenta de medidas inmediatas de ruptura. Pero la única manera que tiene la Generalitat de acabar con el disparate de un referéndum que no fue tal es la renuncia a la DUI de forma definitiva. Por si los ánimos institucionales flaquean, la ANC ha convocado a sus seguidores a las puertas de la Cámara autonómica, mientras que la CUP hará lo propio con sus parlamentarios dentro de la sala de plenos. Esa combinación refleja a la perfección el estado de cosas que vive Cataluña, con los responsables gubernamentales secesionistas cediendo el mando de las operaciones a asociaciones pretendidamente cívicas, cuando en realidad son las que marcan el ritmo de la desconexión. A la celebración de un pleno que, con toda probabilidad, variará el orden del día sobre la marcha -con lo que se ningunea así a casi la mitad del foro parlamentario- se le suma la presión ejercida sobre la Generalitat por sectores cuya representatividad no está contrastada en las urnas. Es evidente que, sean cuales sean los términos en los que el Parlamento se pronuncie a favor de la independencia, tendrán la respuesta del Estado de Derecho y la réplica política de todas las formaciones contrarias a la temeridad secesionista. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de transferir la custodia de su sede al Cuerpo Nacional de Policía y arrebatársela a los Mossos constituye, a todas luces, una medida en previsión de lo que pueda pasar. La anunciada y no desmentida declaración unilateral de independencia daría paso a la ineludible asunción de responsabilidades por parte del Gobierno central, con lo que se seguiría el guión previsto dentro de la legalidad. Porque el Estado constitucional no puede permitir, por definición, que una mayoría parlamentaria se haga con el poder del autogobierno catalán para desbordar el Estatut y establecer una república propia sobre las instituciones de la Generalitat autonómica. No sin que esa mayoría de parlamentarios sigan los procedimientos tasados por la propia Constitución.

INDEPENDENCIA NO ES LIBERTAD. El independentismo se basa en la creencia de que la consecución de su meta es imparable, que ya está escrito el final de una historia que de forma inexorable conduce a la secesión. Por eso, Puigdemont y sus aliados se debaten hasta el último momento entre precipitar el paso o parar en seco por el momento. Una discusión que tampoco ofrece opciones nítidas, y mucho menos posturas esperanzadoras para el resto de la sociedad catalana y para los demás españoles. De ahí que no convenga engañarse si la resolución que la mayoría secesionista apruebe hoy es menos rotunda que el tono que han empleado durante todo este tiempo la CUP, ERC o la ANC. Tan costosa como una desabrida declaración de independencia hoy podría llegar a ser la prolongación de una tensión insoportable que continúe con el desgaste de las instituciones y el despilfarro de cuarenta valiosos años de convivencia democrática. En los últimos años, muchísimos catalanes han terminado por identificar la libertad con la independencia, cuando esta coarta el libre albedrío que garantiza el pluralismo.

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