El Constitucional decide

La decisión del Gobierno de recurrir la resolución por la que el presidente del Parlament propone la investidura de Carles Puigdemont, así como la inclusión de ese asunto en el orden del día del pleno convocado para el próximo martes, supone una arriesgada apuesta política. El Ejecutivo ha dado, en contra del criterio del Consejo de Estado, un paso con el que no solo pone en juego su prestigio político, sino su credibilidad ante las instituciones europeas, tan necesaria para afrontar la eventual repetición del desafío independentista catalán en un futuro próximo. Si el Constitucional admite hoy a trámite su impugnación y, por lo tanto, suspende de forma cautelar el proceso para situar de nuevo al frente de la Generalitat al prófugo de la Justicia, el Gobierno respirará aliviado. Por contra, si el Alto Tribunal no ve, como el Consejo de Estado, base legal a un recurso basado en la hipótesis de que Puigdemont no acudirá al pleno porque sobre él pesa una orden de detención en cuanto pise suelo español -sin esperar a que tal hecho se produzca-, el varapalo político pondría al Gobierno contra las cuerdas. Además, daría alas al desvarío independentista y debería forzar a Mariano Rajoy a depurar responsabilidades en su equipo. Sea cual sea el pronunciamiento del Constitucional, la respuesta del secesionismo servirá para medir hasta qué punto ha aprendido de los errores cometidos en el suicida desafío a la ley que derivó en el 155.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos