El Constitucional acalla al Gobierno

El Tribunal Constitucional ha anulado la disposición adicional 38.4 de la Lomce que permitiría financiar con fondos públicos la enseñanza en castellano en aquellas comunidades con lengua propia cuya red de enseñanza pública no atienda el deseo de los padres. El entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, defendió la medida en sede parlamentaria con un argumento más que desafortunado: «Españolizar a los niños catalanes». La sentencia del TC, adoptada por unanimidad, coincide con el anuncio por parte del Gobierno de que asegurará la elección del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo que corresponde ordenar a la Generalitat. Se trata, por tanto, de un momento oportuno para recordar el rigor jurídico y la sensibilidad social con las que han de adoptarse las decisiones de naturaleza política en materia de educación y, en concreto, sobre el conocimiento y uso de las lenguas en la enseñanza. El propio ministro Méndez de Vigo y dirigentes del PP vinieron a reconocer ayer que la postura del Constitucional obliga al Gobierno a reflexionar de nuevo sobre sus intenciones iniciales en la pretendida extensión del 155 al ámbito de la enseñanza. La sentencia pone en su sitio la potestad que la Administración central tiene de intervenir sobre la organización de la oferta educativa al recordar que las competencias de la Alta Inspección no permiten establecer un «control genérico e indeterminado» sobre atribuciones que corresponden a las comunidades. Recuerda, además, que esa actuación inspectora exige objetivar y determinar el problema o las necesidades para adoptar una iniciativa legislativa, y el requerimiento previo a la autonomía de que se trate para que afronte los cambios apuntados en su propia normativa. El Consejo de Estado ya había señalado que esa disposición de la Lomce no fijaba qué proporción era la razonable en cuanto a la presencia del castellano en las escuelas catalanas. Si la polémica ley invade en este punto las competencias de la Generalitat, la resolución aprobada por el Senado para la aplicación del 155 tampoco ofrece cobertura alguna al Gobierno para remodelar el sistema de inmersión lingüística. Además, el hecho de que en el último curso solo 50 familias hayan recurrido a la 'beca Wert' invita a restar carga ideológica al debate, y a formular propuestas más rigurosas y menos 'principistas' para la eventual revisión de la política lingüística en Cataluña por parte de su Parlamento.

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