Clientes sin bancos

Casi la mitad de los más de 8.000 municipios españoles carecen de una oficina bancaria y hasta de un cajero automático. El problema afecta a 1,1 millones de personas, el 2,5% de la población española. Y se hace más visible en vacaciones, cuando muchos ciudadanos de las grandes urbes viajan a sus localidades rurales de origen. Es evidente que muchos de los servicios financieros se prestan ya por internet, pero son precisamente los ciudadanos de las zonas rurales los que menos han avanzado tecnológicamente. Todo ello al margen de que las operaciones en metálico no pueden, evidentemente, realizarse de forma virtual. El Estado de bienestar moderno se basa en el acceso de todos a unos servicios públicos de calidad, y la atención bancaria es también un servicio público que debería estar regulado en este aspecto. De la misma manera que el Estado impone al sector de las telecomunicaciones ciertas obligaciones de servicio público -cabinas telefónicas en lugares estratégicos-, parecería lógico que el sistema bancario en su conjunto fuera obligado por el regulador a asegurar un servicio eficiente para todos. Aunque implique unos sobrecostes que bien poco incidirán en las abultadas cuentas de las entidades de crédito.

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