Ciudadanos rehenes

La decisión de los examinadores de la Dirección General de Tráfico de prolongar en noviembre y diciembre la huelga parcial que mantienen desde junio pasado es una noticia fatal para las autoescuelas y sus trabajadores (en La Rioja, 50 centros con alrededor de dos centenares de empleados) que temen, simple y llanamente, por su supervivencia. Y fatal también para tres millares los alumnos de esas autoescuelas que han visto afectadas por el paro sus expectativas para obtener el permiso de conducción. Tres mil personas entre las que, seguro, no faltan casos en los que la obtención del carné resulte trascendente para sus proyectos personales o laborales. Proyectos de vida, al fin y al cabo, que competen al individuo y que no deberían verse condicionados ni por las reivindicaciones de terceros -sin entrar a calibrar su procedencia o justicia- ni por la incapacidad de la Administración para resolver un contencioso cronificado por una equivocada estrategia de desgaste y de no acercar posiciones, como denuncian los examinadores, que ha permitido que una protesta coyuntural devenga en un problema que ha atrapado como rehenes a no pocos ciudadanos.

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