Menos ciencia pública en los planes del Gobierno

«Mientras muchos países de nuestro entorno socioeconómico han aumentado sus presupuestos públicos de I+D+i durante la crisis, nosotros seguimos sin ver el final de los recortes y seguimos asistiendo a la diáspora de jóvenes brillantes»

Este verano nos llegaban las primeras noticias sobre el nuevo Plan del Gobierno para la Ciencia, Tecnología e Innovación, destinado a impulsar la investigación científica en España. Estamos hablando del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020, el documento marco que concreta y desarrolla la Estrategia nacional de los próximos ocho años.

La sorpresa nos la llevamos el pasado mes de julio, cuando el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) abría, sin avisar, un proceso de consulta pública para poder presentar alegaciones al borrador del citado Plan. Abierto el plazo durante 20 días veraniegos, desde la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) y SEO/BirdLife Internacional decidimos movilizamos para llegar a tiempo para presentar nuestras alegaciones que, lamentablemente, no son pocas.

Entre las carencias que hemos detectado, y que calificamos como muy graves, se encuentran dos aspectos clave: primero, el desequilibrio no justificado en la financiación, que favorece al sector privado en detrimento del público, que se corresponde con una rebaja del peso de la Investigación y Desarrollo en favor de la Innovación; y segundo, la ausencia de rigor y base cuantitativa en la evaluación del Plan anterior (2013-2016), asociada a la falta de un presupuesto para concretar las medidas de la nueva etapa.

En cuanto al primer punto, nos preocupa seriamente que, a pesar de no se han conseguido hasta ahora los resultados esperados, el nuevo Plan siga apostando por el apoyo a grandes empresas privadas para estimular su participación en actividades de investigación y desarrollo, aun sabiendo que: por un lado, nuestras empresas privadas no ejecutan completamente los importantes fondos públicos destinados a ellas (sólo se ejecuta, en promedio, el 60% del presupuesto, sobre todo, el destinado a créditos al sector privado); y que, por el otro, el sector público ha mostrado un rendimiento mucho mayor con menos recursos, llegando a ocupar el noveno puesto mundial en producción científica, mientras que de la mano del sector privado, España se sitúa en el puesto número 28 del mundo. Por tanto, nos parece muy grave que el Gobierno no recoja, analice e intente corregir esta realidad en el nuevo Plan y que, por el contrario, restrinja todavía más la financiación de Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs) en favor del sector privado.

En cuanto al segundo punto crítico, no podemos aceptar que un Plan de I+D+i a cuatro años vista, que además desarrolla una Estrategia nacional para los próximos ocho años, no incluya un presupuesto, siquiera aproximado, ni realice un análisis de los resultados del Plan anterior.

Este hecho imposibilita que se puedan desarrollar alegaciones concretas, ya que si no se conocen los recursos que se van a destinar, no podemos hacernos una idea de las dimensiones que se pretenden alcanzar, ni evaluar si las medidas propuestas servirán realmente para estabilizar y mejorar el sistema. Sobre el presupuesto, resulta además muy inquietante que, en detrimento de la Investigación y el Desarrollo, el Plan incorpore la posibilidad de financiar con fondos públicos de I+D+i aspectos tales como las inversiones en fondos de capital riesgo o la adquisición de productos ya existentes en el mercado a través de la «compra pública innovadora», sin establecer siquiera criterios de evaluación sobre los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas con dichos fondos.

A día de hoy, seguimos sin tener Universidades o centros de investigación entre los mejores del mundo por falta de políticas estables de financiación y captación del talento. Por lo tanto, pedimos al Gobierno que el nuevo Plan incluya medidas destinadas a incentivar la I+D+i en el sector público, como son: la solución a la precariedad laboral del personal investigador; el establecimiento de ayudas a la contratación de jóvenes investigadores y técnicos con una duración adecuada (4-6 años) y con perspectivas razonables de estabilización; el rejuvenicimiento de las plantillas; la reducción de la burocracia asociada a la gestión de los proyectos, para que investigadores y técnicos puedan aumentar su eficiencia; la gestión de infraestructuras científicas que generan y mantienen datos de interés científico de calidad tales como laboratorios y estaciones de monitorización a largo plazo; y la realización de actividades destinadas a favorecer el conocimiento científico entre la población. Mientras muchos países de nuestro entorno socioeconómico han aumentado sus presupuestos públicos de I+D+i durante la crisis, nosotros seguimos sin ver el final de los recortes y seguimos asistiendo a la diáspora de jóvenes brillantes que buscan horizontes más prometedores. Ni siquiera la aparente recuperación económica ha tenido repercusión alguna en un sector estratégico como éste. Hemos llegado a un momento crítico y, si no se adoptan medidas adecuadas, arrastraremos este lastre durante décadas.

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