Por el centro integrado de FP en Calahorra

«La unificación de los dos centros tan solo es la actualización de la unidad e igualdad de calidad que debería haber en toda la educación pública»

DAVID SOTA HERREROS

Como calagurritano y ex-estudiante del IES Valle del Cidacos me siento interpelado ante todo lo dicho y escrito desde el mes de enero hasta estos últimos días de febrero en lo relativo a la unificación de los dos institutos públicos de la ciudad y la construcción del Centro Integrado de FP. Así, he decidido ejercer mi libertad de pensamiento y hacer uso público de la razón en este terreno intentando esclarecer algunos puntos que han sido ensombrecidos o sobre los que se ha sembrado cierta confusión.

Partiendo de la realidad efectiva, el hecho es que la Consejería de Educación plantea, que junto a la creación del Centro Integrado de FP, vendría la unificación (o «reconfiguración» en palabras del Ejecutivo) de la ESO y del Bachillerato de los dos institutos públicos de Calahorra. Aparentemente, rechazar la unificación parecería implicar la oposición al proyecto en su totalidad. La alternativa de construcción de un Centro Integrado de FP o de otro instituto en otro espacio no es contemplada por el Gobierno Autonómico, aunque evidentemente es la solución con mayor proyección de futuro. Esto supone apostar por el todo o nada en las circunstancias en las que estamos. La nada sería continuar como se está actualmente, el todo implicaría la incertidumbre y la imposibilidad material de que se reestructuren los espacios y la propia organización para el próximo curso, con lo cual lo prudente y responsable sería que se ejecutase el Plan para el curso 2019-2020, correspondiendo este objetivo al gobierno resultante de las elecciones autonómicas de 2019 (parece que en este punto Consejería podría ceder). Con todo, la decisión última será, no la de los técnicos o direcciones de los institutos, sino la que el Gobierno autonómico, que cuenta con la legitimidad democrática, tome habiendo escuchado a los afectados. Si hay consenso entre ambos institutos el proceso será mejor para todos pero éste no existe de por sí sino que debe construirse y, hasta hoy, la gestión del problema por parte de los institutos ha seguido una estrategia basada en los intereses particulares de cada dirección que con tantos años en el poder parece tener una concepción patrimonial de sus centros. La posición de ambos es, sin embargo, legítima y en favor de ella pueden recurrir a los medios de los que puedan disponer. Otra cosa es lo que esto tenga de ético para cada uno.

Una de las mayores críticas que se han vertido contra este proyecto ha sido la que respecta a la supresión de la supuesta libertad de elección de centro. Cabría preguntarse qué sentido tiene esta libertad de elección respecto a los centros públicos, que deberían ofrecer un servicio educativo en condiciones de igualdad, qué sentido tiene respecto a una educación que debe ser universal e igual. Semejante pregunta en estos tiempos modernos en los que domina el sentido común neoliberal es radicalmente impopular y ni siquiera llega a ser analizada por la ciudadanía pues ¿quién puede enfrentarse o estar en contra de esta ensalzada libertad individual? Así, la libertad elección de centro sólo tendría sentido en centros públicos si éstos no ofrecieran una educación igual. Este es el caso de Calahorra, donde en los últimos años se ha producido un aumento de la desigualdad educativa entre ambos centros y de la segregación del alumnado dentro de los respectivos IES basada en la diversificación de las alternativas formativas (bilingüismo, bachillerato de excelencia, idiomas). Este ha sido el campo de cultivo que ha generado una competencia desleal y una lucha por el privilegio de la distinción entre ambos centros que solo han cooperado cuando interesaba a ambos. Si la cantidad de la oferta educativa de los dos centros públicos fuese equiparable, entendiendo que la calidad ya lo es, la elección sería indiferente en lo que atañe al plano educativo. Concluyendo este punto, la unificación de los dos centros tan solo es la actualización de la unidad e igualdad de calidad que debería haber en toda la educación pública.

La otra crítica fundamental ha sido la de las catastróficas condiciones que dispondría el instituto resultante. Esta objeción se ha basado en la equiparación de casos no iguales (Haro 2012), en un supuesto incremento exagerado de la demanda no fundamentado (es más, probablemente descienda en los próximos años: por la bajada de la tasa de natalidad en Calahorra y la ampliación de la sección en Pradejón, como explicaba el AMPA del IES Valle del Cidacos en su carta), en el argumento de que la gestión será más compleja y en la razón de la masificación del alumnado. Solo estos dos últimos motivos tienen verdadero fundamento. Respecto a la gestión: las nuevas tecnologías ya permiten reducir los problemas que esencialmente expone el IES M.F. Quintiliano: la comunicación a través de correo electrónico o de Racima facilita enormemente la comunicación padres-profesores-alumnos (la comunicación directa cara a cara siempre será posible en las horas del profesor establecidas para ello) y la coordinación entre los propios profesores, además el profesor dispone de una hora de tutoría semanal para comprobar el estado de sus alumnos. En consecuencia, la unificación de ambos centros no es causa necesaria de ingobernabilidad. En lo relativo a la masificación de los alumnos: esta se ha planteado como si fuese de todos los alumnos en general, sin embargo solo afectaría necesariamente a 1º y 2º (aproximadamente 200 alumnos del IES Valle del Cidacos pasarían al edificio del Quintiliano), ¿de verdad no hay ocho aulas con alumnos de 1º y 2º en las que estos alumnos puedan redistribuirse, teniendo en cuenta que la ratio del Quintiliano es considerablemente menor y considerando que el Gobierno riojano se ha comprometido a garantizar unas instalaciones adecuadas al número de alumnos rechazando aumentos de ratio? ¿Tan impracticable es este objetivo?

La cuestión central y de actualidad, en fin, no es si el número de infraestructuras públicas de educación secundaria y formación profesional es el mismo que hace 40 años sino si estas cumplen satisfactoriamente con su función: garantizar una educación de calidad (esta es una cuestión empírica relativa a los ratios, las calificaciones académicas, el seguimiento al alumnado, atención especializada, etc.). Y actualmente la satisfacción es un hecho. Entonces, y con todo lo expuesto, ¿por qué no ofrecería satisfactoriamente una educación de calidad el nuevo instituto resultante?

Cierro mi escrito defendiendo la única motivación que me ha llevado hasta aquí, esto es: el ejercicio del pensamiento en libertad y el uso público de la razón con la pretensión de fomentar la reflexión y el debate público entre todos los ciudadanos de la Bimilenaria.

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