Caótico nacionalismo

Apostar por la investidura de Puigdemont supone impedir la normalización de las instituciones catalanas

Puigdemont y su entorno de Junts per Catalunya, conscientes de que el verdadero dilema que debe resolver el expresidente es entre continuar como un prófugo o responder de sus propios actos, tratan de generar confusión en torno a la sesión de investidura convocada para mañana por el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC. El exsecretario de CDC Josep Rull declaraba ayer que Puigdemont quiere regresar «con garantías», a pesar de considerar que el planteamiento del Constitucional es «inaudito» y un «fraude de ley». Y el portavoz de la llamada lista del presidente, Eduard Pujol, manifestaba su confianza en que Torrent mantenga su palabra y añadía que «si el juez Llanera lo permite, que creemos que actuará con libertad, Puigdemont vendrá y explicará su plan de Gobierno». La realidad está bien clara: el Constitucional no descarta la posibilidad de una investidura de Puigdemont si se persona físicamente y obtiene autorización del juez instructor que lo mantiene en busca y captura. Claro que el expresidente deberá someterse al procedimiento que ha tratado de eludir hurtándose a la acción de la justicia. El precedente es conocido: en 1987, la justicia permitió a Herri Batasuna presentar de candidato a lehendakari a un preso de ETA, Juan Carlos Yoldi, quien salió de prisión para el acto y regresó a la cárcel a su conclusión. En definitiva, apostar por la investidura de Puigdemont supone impedir la normalización de las instituciones catalanas porque el candidato está jurídicamente inválido y puede ser inhabilitado cuando recaiga sobre él sentencia firme tras su encausamiento. Esta evidencia es la que sustenta las declaraciones del republicano Joan Tardá en las que ha manifestado que «si hace falta, tendremos que sacrificar a Puigdemont». Declaraciones que entran en contradicción con las del portavoz oficial de ERC, Sergi Sabrià, quien aseguraba también ayer que en estos momentos Puigdemont ha de ser el candidato. El Estado ya ha demostrado que no consentirá la vulneración de las leyes vigentes. Artur Mas, candidato 'natural' en 2016, fue sustituido de un plumazo por un suplente desconocido llamado Puigdemont porque a la CUP no le caía bien el titular. Quizá ahora haría falta un cierto pragmatismo para encarrilar la situación catalana y sacarla de un delirio autodestructivo que ignora el interés general de los catalanes.

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