La bomba

MARÍA ANTONIA SAN FELIPE

De nuestra primera Constitución (1812), ya saben, 'la Pepa', la de Cádiz, hay un párrafo que siempre me gusta releer, es su artículo 13. Un número mágico con un texto deliciosamente voluntarista e imposible: «El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen». Es sencillo coincidir con nuestros antepasados en que finalmente a todos los individuos les mueve el deseo íntimo de conseguir la felicidad y para sustentarla hay que tener posibilidad de construir una vida con recursos propios. No es de extrañar que el último barómetro de CIS nos cuente que el 71,2% de los españoles considera que el principal problema que tenemos es el paro. La gente quiere trabajar para vivir e intentar ser, al menos, medianamente feliz.

Es por eso que casi 3 de cada 4 españoles tiene miedo al paro y solo 1 de cada 100 (1,2%) está preocupado por la independencia de Cataluña, el dato es todo un síntoma. Pese a la gravedad de la deriva que está tomando el tema del independentismo catalán la mayor parte de la ciudadanía está preocupada por su trabajo y, con enorme sentido práctico, no considera un riesgo la posible desconexión de Cataluña.

La Generalitat está llevando el denominado al límite, pero la tensión también está minando al gobierno de Puigdemont, ya de por sí, inestable y secuestrado por los anticapitalistas de la CUP, una alianza que se está demostrando nociva para el nacionalismo de la burguesía catalana tradicional a quien estas urgencias, sin cobertura legal, la está dividiendo. A veces las prisas actúan como un boomerang y se vuelven contra quien lo lanzó como una bofetada del destino. El cese del consejero del gobierno Jordi Baiget tras reconocer que quizás el referéndum no pueda celebrarse es una muestra palmaria de la endeblez del proceso. Cualquiera con sentido común que sabe cómo se preparan unas elecciones libres intuye los peligros de pretender correr más de la cuenta.

Aunque desde los portavoces del independentismo, incluido Pep Guardiola, se hable de que España es un estado 'opresor' y 'autoritario' la realidad desmiente tan exagerada mentira. Una cosa es que muchos consideremos que España debe mejorar su calidad democrática y otra afirmar que vivimos en un estado en el que no se respetan los derechos humanos ni las libertades civiles. En fin, sería mejor que algunos dejaran de frivolizar con estas cosas en un país que salió de la dictadura hace ahora cuarenta años y que sufrió la represión de un estado autoritario de los que se estudian como ejemplo en los libros de historia.

Al final, abrir colegios electorales sin censos, sin funcionarios y sin cobertura legal puede resultar un fraude decepcionante precisamente para quienes desean que triunfe el sí y declarar la independencia. Una nación que añora ser un nuevo estado no puede fundarse en una mentira y en una acción que viole la legalidad si pretende quedarse en Europa y ser reconocido como tal. Lo que mal empieza mal acaba y esto bien no va a terminar.

En el otro lado, el gobierno del PP debiera caminar con más cautela, al fin y al cabo, el independentismo y los independentistas se han fortalecido mientras Rajoy pilota la Moncloa. Una cosa será que los partidos mayoritarios apoyen al gobierno frente a una posible declaración unilateral de independencia, cada vez más improbable, y otra que se dé el visto bueno a su propia negligencia. Estamos ante el evidente fracaso de dos gobiernos ciegos que se retroalimentan el uno al otro para modelar sus propias identidades. Los dos están jugando a enfrentar los sentimientos y las emociones de la gente sin tratar de comprender su malestar, la tensión les da fuerza pero ambos deben saber que una vez que se ha soltado la espoleta es muy difícil evitar la explosión de la bomba.

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